Al derecho y al revés

La nueva Ley de Feminicidio frente a la impunidad que no cede

Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum firmó y envió al Congreso la Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio. Se anuncian penas de hasta 105 años de prisión, homologación nacional de protocolos, destitución e inhabilitación perpetua para servidores públicos responsables, pérdida automática de patria potestad y derechos sucesorios, y una reparación del daño que no prescribirá con el tiempo. Suena contundente. Suena a lo que llevamos décadas exigiendo. Pero hay una verdad que no podemos callar: de qué sirven nuevos artículos si el sistema sigue fallando antes de llegar al juicio.

Las cifras oficiales al 31 de mayo de 2026, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), registran 148 víctimas de feminicidio en lo que va del año, aunque organizaciones civiles advierten que la cifra real es mayor, ya que muchas muertes violentas de mujeres se siguen clasificando erróneamente como homicidios simples, accidentes o suicidios. Mientras tanto, la impunidad sigue siendo la regla: solo el 15% de las carpetas de feminicidio llegan a judicializarse, y menos del 25% obtienen una sentencia condenatoria firme, es decir, al menos 75 de cada 100 crímenes quedan sin castigo. Algunos estudios colocan la tasa real de impunidad hasta en el 95%, si se consideran también los casos que nunca se denuncian o que se clasifican mal desde el inicio.

Endurecer las penas es simbólico, sí. Pero ¿de qué sirve elevar la condena a 105 años si 85 de cada cien expedientes ni siquiera llegan a un juez? ¿De qué prometer inhabilitación perpetua si muchos agresores con vínculos con el poder siguen sin ser investigados debidamente? ¿Cómo confiar en una reparación del daño sin vencimiento si hoy las familias esperan años solo para que se reconozca el delito y se les deje de revictimizar?

Homologar criterios en todo el país es urgente, pero no basta con que el papel diga lo mismo en Veracruz que en Querétaro o Baja California. Hace falta que las fiscalías investiguen con verdadera perspectiva de género, que no se culpe a las víctimas por su forma de vestir, sus horarios o sus relaciones, que se preserven las pruebas, que no se pierdan indicios ni se proteja a los poderosos. Mientras no transformemos la cultura institucional, la capacitación obligatoria, la asignación real de presupuesto y la rendición de cuentas de quienes no cumplen, esta ley corre el riesgo de convertirse en otro anuncio brillante que se apaga con la siguiente noticia.

Las madres, las hermanas, las víctimas no piden más leyes para coleccionar. Piden que las que ya existen se apliquen. Saben que hoy siguen muriendo casi dos mujeres al día por razones de género, y que en la mayoría de los casos nadie responde. Esta iniciativa es una oportunidad, sí. Pero será una traición más si no viene acompañada de cambios profundos en cómo el Estado investiga, juzga y protege. No nos conformemos con firmas y promesas. Las mujeres de México no necesitamos letras más duras: necesitamos que la justicia llegue antes de que sea demasiado tarde.