Al derecho y al revés

Justicia para Leidy y Alexa

El 6 de mayo de 2025, la vida de Leidy Rojas, de 11 años, y Alexa Medina, de 7 años, se apagó de manera trágica en la comunidad de La Cieneguilla, municipio de Badiraguato, Sinaloa. Las dos niñas viajaban en una camioneta junto a otros familiares, rumbo a la escuela, cuando se encontraron con un bloqueo en el camino y decidieron regresar a su domicilio.

 En ese momento, un convoy de tres vehículos del Ejército mexicano que circulaba en sentido contrario abrió fuego contra su vehículo sin previo aviso ni justificación. Fueron más de cien disparos. 

 El resultado fue devastador: Leidy y Alexa perdieron la vida, mientras que otros cuatro integrantes de la familia –dos adolescentes de 14 y 12 años y dos adultos– resultaron heridos.

 Inicialmente, las autoridades informaron que se trataba de un enfrentamiento entre militares y criminales, versión que nunca fue corregida públicamente, pero que las investigaciones posteriores desmintieron al demostrar que el ataque fue dirigido contra la familia.

13 militares vinculados a proceso

A casi 11 meses de los hechos, parece que habrá justicia. 

El 6 de abril de 2026, el Juez de Control Josué Noé Egure Yáñez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Los Mochis, dictó un auto de vinculación a proceso contra 13 agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

 Los cargos incluyen homicidio calificado por la muerte de las dos niñas y homicidio calificado en grado de tentativa contra los demás familiares lesionados. La resolución judicial se basó en la figura del dolo eventual, considerando que los militares contaban con adiestramiento y formación en el uso de la fuerza, por lo que podían prever el resultado letal de sus acciones y no existía ninguna causal que justificara la agresión. 

 Durante la audiencia, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que acreditaron el uso ilegal y arbitrario de la fuerza, contrario a lo establecido en la Ley Nacional de Uso de la Fuerza. Por su parte, la defensa de los militares argumentó que actuaron en un contexto de violencia y bajo un estado de alerta y nerviosismo, pero el juez desestimó estos argumentos.

Ante la vinculación a proceso de los militares, la familia de las niñas y organizaciones de derechos humanos como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, expresaron su satisfacción por este paso, pero también reiteraron su exigencia de que se haga justicia de manera diligente y expedita.

 Además, han pedido que se investigue a fondo los hechos, se identifique a todos los responsables y se establezcan medidas para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir. También han llamado a reflexionar sobre el modelo de seguridad pública que se está implementando en el país y a buscar alternativas que garanticen la seguridad de la población sin poner en riesgo sus derechos y su vida.

El caso de Leidy y Alexa sigue abierto y aún queda mucho camino por recorrer hasta que se obtenga una sentencia definitiva. Pero la decisión judicial de vincular a proceso a los militares es un signo de esperanza para la familia y para todos aquellos que creen en la justicia y en el respeto a los derechos humanos. Al mismo tiempo, es un recordatorio de que la seguridad no se puede lograr a cualquier precio y que es necesario construir un modelo de convivencia pacífica y democrática que proteja a todos los ciudadanos.