Proam cierra el año con 220 operativos y multas por 2 mdp

MORELIA, Mich., 29 de diciembre de 2025.- Durante el 2025, la Procuraduría de Protección al Ambiente (Proam) ejecutó un total de 220 acciones de inspección y vigilancia en Michoacán. De este global, 115 intervenciones se derivaron de denuncias formales ciudadanas, mientras que 105 se realizaron de oficio, reafirmando el compromiso con la legalidad ambiental en todo el territorio estatal.

De acuerdo con un comunicado, la atención a reportes ciudadanos alcanzó las 109 denuncias durante el periodo. Morelia encabezó la lista con 50 registros, seguida por Zacapu con 23 y Paracho con cuatro; en tanto, municipios como Sahuayo y Chilchota registraron tres denuncias respectivamente.

Las obras o actividades más denunciadas fueron las relacionadas con la disposición de residuos ya sea urbanos o de manejo especial, las construcciones de fraccionamientos u otro tipo de infraestructuras, operación de bancos de arena, emisiones de ruido u olores, tabiqueras, tala y quema de basura, en los últimos tres casos, se realizaron las canalizaciones a las instancias competentes.

En seguimiento a dichas actuaciones, se elaboraron 113 dictámenes técnico-jurídicos, 66 dictámenes de reportes de cumplimiento de medidas de resarcimiento y se evaluaron 59 estudios de daño ambiental. Además, se iniciaron 29 procedimientos administrativos para lograr el resarcimiento y la compensación de daños, derivando en resoluciones con multas que suman un total de 1 millón 988 mil 963 pesos.

Asimismo, este año se impulsó un esquema legal de conmutación de multas por obras de conservación en Áreas Naturales Protegidas y se dio acompañamiento a distintos ayuntamientos para abordar en conjunto la problemática del impacto ambiental que generan los sitios de disposición final de residuos.

De igual manera, a través de las Mesas de Paz lideradas por la Secretaría de Gobierno, se fortaleció el esquema de denuncia ciudadana y se estrecharon los vínculos de colaboración entre la Proam y las corporaciones de seguridad, optimizando la respuesta institucional ante posibles delitos ambientales.