Más de 400 denuncias ambientales al año; focos rojos en Madero y Aquila

MORELIA, Mich., 17 de junio de 2026.- La Secretaría del Medio Ambiente de Michoacán presenta alrededor de 400 denuncias ambientales al año, principalmente por tala clandestina, cambio ilegal de uso de suelo y construcción irregular de ollas de agua, mientras mantiene bajo observación zonas de riesgo para defensores ambientales en municipios como Madero, Aquila, Coahuayana y Tingambato.

Así lo expuso este miércoles el titular de la dependencia, Alejandro Méndez López, entrevistado al acudir a la sede del Poder Legislativo, donde, a pregunta expresa el funcionario señaló que uno de los principales focos rojos se localiza en comunidades del municipio de Madero, El Terrenate, Piedras Gordas y otras, ubicadas en la cuenca del río Curucupatzeo, donde existen conflictos relacionados con el agua y el cambio de uso de suelo.

Detalló que durante 2024 se interpusieron 377 denuncias y que actualmente el promedio anual ronda las 400. Sin embargo, reconoció que pocas han llegado a resoluciones judiciales, pues los procedimientos dependen principalmente de la Fiscalía General del Estado y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Indicó que en Madero opera un grupo numeroso de activistas ambientales que ha denunciado la construcción de ollas de agua y el acopio ilegal del recurso, situación que ha derivado en amenazas y hechos de violencia. Recordó que recientemente fue asesinado el activista Roberto en esa zona.

Méndez López agregó que también existen preocupaciones en la región de Aquila y Coahuayana, donde se han documentado denuncias relacionadas con actividad minera ilegal y donde incluso se registró la desaparición de una persona vinculada con la defensa ambiental.

El Secretario explicó que, para reducir riesgos a los activistas, la dependencia ha optado por presentar directamente las denuncias cuando detecta ilícitos ambientales mediante vigilancia satelital o cuando los ciudadanos les hacen llegar información de manera confidencial.

Precisó que la mayoría de las denuncias derivan del programa Guardián Forestal, un sistema apoyado en inteligencia artificial que detwcta cambios de uso de suelo y genera de manera automática los expedientes para su presentación ante las autoridades competentes.

Explicó que la estrategia gubernamental no sólo busca sanciones penales, sino también la reparación del daño ambiental, por lo que recientemente fueron promovidas seis demandas civiles con base en la Ley de Responsabilidad Ambiental del Estado.

Respecto a la protección de activistas, recordó que durante la actual administración se amplió el protocolo estatal que originalmente protegía a periodistas y defensores de derechos humanos, para incluir también a defensores ambientales.

Aunque evitó precisar una cifra estatal, reconoció que sólo en la zona de Madero existen entre 20 y 30 integrantes de colectivos ambientalistas que actualmente manifiestan temor por amenazas relacionadas con sus actividades de vigilancia y denuncia.

El funcionario destacó que Michoacán incorporó a nivel constitucional los principios del Acuerdo de Escazú, enfocados en garantizar el acceso a la información ambiental, la participación ciudadana, la justicia ambiental y la protección de quienes defienden el medio ambiente.