Suma FGE 13 denuncias por corrupción de menores en 2026

MORELIA, Mich., 19 de junio de 2026.- El debate público sobre adolescentes en conflicto con la ley penal cobró fuerza en Michoacán tras la propuesta de revisar el tratamiento jurídico de menores involucrados en delitos de alto impacto. Sin embargo, las estadísticas oficiales también muestran otro dato: durante 2026, la Fiscalía General del Estado ha registrado 13 denuncias por corrupción de menores.

De acuerdo con información de la institución, siete denuncias corresponden a Morelia, dos a Lázaro Cárdenas, dos a Uruapan, una a Zamora y una más a Ziracuaretiro.

Las cifras se conocen en un contexto donde el Gobierno de Michoacán impulsa una discusión nacional sobre la responsabilidad penal de adolescentes que participan en delitos graves.

"En el momento en que la persona sabe el daño, la premeditación y la ventaja con la que actúa, debe ser tratado como un delito de alto impacto. Tal cual, como se enjuicia a cualquier adulto", declaró el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla al referirse al tema.

De manera paralela, datos de la Coordinación del Sistema Penitenciario indican que 21 adolescentes permanecen privados de la libertad en el Centro de Internamiento para Adolescentes por delitos considerados graves por la legislación vigente.

De ese total, 15 provienen de hogares con padres separados y alrededor de tres de cada diez reportaron antecedentes de violencia familiar.

El Código Penal de Michoacán establece que el delito de corrupción de menores contempla conductas como inducir a una persona menor de edad a cometer delitos, integrarse a grupos delictivos, consumir narcóticos o participar en otras actividades consideradas ilícitas por la ley.

En este contexto, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Josué Mejía Pineda, planteó que la discusión debe incorporar datos estadísticos, análisis especializados y una revisión de las condiciones familiares y sociales que rodean a los adolescentes.

El ombudsperson consideró que las cifras sobre separación familiar y violencia en el hogar muestran la necesidad de analizar factores estructurales vinculados con la niñez y la adolescencia, además de la discusión sobre las sanciones penales.

La Comisión también ha planteado la necesidad de impulsar mecanismos de atención psicoemocional para familias inmersas en conflictos de violencia, divorcios y disputas por la custodia de menores, así como discutir medidas relacionadas con el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por grupos criminales.

Las cifras oficiales colocan sobre la mesa distintos elementos del fenómeno: por un lado, la presencia de adolescentes privados de la libertad por delitos graves; por otro, las denuncias por corrupción de menores registradas durante el año. La relación entre ambos datos forma parte de una discusión que involucra a autoridades, especialistas y organismos de derechos humanos.