Localizan hasta 25 personas desaparecidas en anexos de Michoacán

MORELIA, Mich., 26 de octubre de 2026.- Entre 20 y 25 personas han sido localizadas en centros de rehabilitación contra las adicciones y entre 10 y 15 en centros penitenciarios bajo nombres distintos, desde la creación de la Comisión de Búsqueda de Personas de Michoacán, en 2021, informó para Quadratín su titular, Alfredo Tapia Navarrete.

Los hallazgos muestran parte de los espacios en los que las autoridades buscan a personas reportadas como desaparecidas. Sin embargo, el ingreso y los hallazgos dentro de estos establecimientos también plantean interrogantes sobre las condiciones de internamiento, el consentimiento para recibir tratamiento y el respeto a los derechos de quienes permanecen en ellos, al menos por parte de civiles, porque las instituciones tienen prohibido asilarlos en contra de su voluntad. 

“Hay 15 personas en centros penitenciarios con otros nombres que se han localizado desde que yo estoy en la Comisión y un aproximado de 20 a 25 personas en los anexos. La cifra no es alta”, declaró el comisionado.

La búsqueda en los centros de rehabilitación requiere verificar la identidad de sus usuarios y cotejar la información con los registros de personas desaparecidas, una tarea que, de acuerdo con el funcionario, debe mantenerse de manera permanente.

Pero que enfrenta un problema en la práctica: los centros irregulares siempre se están moviendo, por lo que no hay una lista de todos los que dan servicio. 

En México, la reforma a la Ley General de Salud, publicada el 16 de mayo de 2022, modificó las disposiciones sobre salud mental y adicciones para impulsar un modelo de atención comunitaria y ambulatoria, así como eliminar progresivamente el modelo psiquiátrico asilar.

El artículo 74 establece que deben existir establecimientos ambulatorios de atención primaria y servicios de psiquiatría en hospitales generales y otras instituciones de salud. También dispone que los hospitales psiquiátricos existentes se transformen progresivamente en centros ambulatorios o en hospitales generales.

Por su parte, el artículo 75 establece que el internamiento de personas con problemas de salud mental o consumo de sustancias psicoactivas debe ser el último recurso terapéutico.

Además, señala que solo puede realizarse de manera voluntaria, cuando represente mayores beneficios terapéuticos que otras intervenciones y por el tiempo estrictamente necesario.

La misma reforma incorporó el artículo 74, que reconoce el derecho de las personas usuarias a recibir atención con respeto a su dignidad, contar con consentimiento informado y no ser sometidas a medidas de aislamiento, contención coercitiva o prácticas que constituyan tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Estas disposiciones cobran relevancia ante los casos de personas ingresadas contra su voluntad a centros de rehabilitación, los llamados tazos dorados, expresión utilizada para referirse al traslado de una persona a un anexo por parte de familiares o terceros sin su consentimiento.

Aunque el consumo de sustancias psicoactivas puede afectar la capacidad de una persona para tomar decisiones en determinadas circunstancias, esa condición no elimina automáticamente sus derechos ni autoriza cualquier forma de internamiento.

Muertes bajo investigación

En Michoacán, las condiciones en las que operan algunos centros de rehabilitación también han quedado bajo escrutinio a raíz de casos con consecuencias mortales.

Durante el último año, la Fiscalía General del Estado inició dos carpetas de investigación por el fallecimiento de personas en anexos ubicados en Tarímbaro y Zitácuaro.

A estos casos se suma la muerte de una mujer, el 9 de julio de 2025, en la zona de Periférico Paseo de la República, hecho que derivó en la detención de tres personas.

Además, con toda y buena voluntad, hay tazos dorados que toman la decisión de hacerse justicia. En especial si vivieron terapias con poco sustento científico o que les causaron estragos emocionales. 

El artículo 171 del Código Penal de Michoacán establece una pena de seis meses a dos años de prisión para quien prive de la libertad personal a otra persona. La aplicación de esta disposición depende de que se acrediten los elementos del delito en cada caso.