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MORELIA, Mich., 29 de julio de 2025.- La síndica municipal de Indaparapeo, Elizabeth Agustín Santos, emanada del PRI, denunció este lunes ser víctima de violencia política en razón de género, presuntamente por parte del presidente municipal, Janitzio Zavala Vega, del PRD, así como de la contralora Sandra Bucio Sánchez.
Tras casi un año de ocupar el cargo, la funcionaria dijo enfrentar hostigamiento sistemático, exclusión, bloqueos administrativos, auditorías arbitrarias y amenazas. “Me están temblando los pies de miedo”, expresó con voz quebrada durante una conferencia ofrecida en la sede estatal del PRI.
En rueda de prensa, respaldada por el representante del partido ante el IEM, Alejandro Bribiesca Gil, la síndica celebró que la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la sentencia previa del TEEM que había desestimado su denuncia por violencia política.
“El Tribunal Local no juzgó con perspectiva de género, fragmentó los hechos y no analizó el contexto ni el patrón sistemático de violencia que afectó el ejercicio del cargo de la actora”, explicó Bribiesca Gil.
La Sala consideró indebida la forma en que el TEEM minimizó y descontextualizó conductas como la reducción arbitraria de su dieta, el hostigamiento verbal, la exclusión de eventos oficiales y el bloqueo administrativo.
“Cuando esta reducción se dio, fue exclusivamente a ella. No crean que fue a todo el Cabildo”, enfatizó el priista. Añadió que la sentencia federal también criticó la omisión del tribunal local al no valorar otros elementos con perspectiva de género, como la carga mediática en contra de la síndica.
Agustín Santos relató que, tras la primera resolución del TEEM, el hostigamiento no cesó; simplemente cambió de rostro. “Después de la primera sentencia ya no fue él quien me hostigaba, pero tiene a todo el ayuntamiento a su disposición”, afirmó, acusando directamente a la contralora Bucio Sánchez de emprender una persecución administrativa en su contra.
“Me levantó una amonestación pública por estar aquí hace unos meses, por ejercer mi derecho a la libertad de expresión”, denunció.
También relató que la contralora ha utilizado declaraciones falsas de dos ciudadanas, intentó abrirle un procedimiento por no entregar en tiempo su declaración patrimonial, y le hizo una auditoría interna con señalamientos que no corresponden a sus funciones.
“No tengo secretaria desde marzo. Soy todóloga junto con dos compañeros. A comparación de otras sindicaturas, donde hay hasta ocho auxiliares, eso no se vale”, reclamó. Aseguró que el objetivo de estos actos es claro: “Que yo me retire del cargo. Que me canse. Pero hoy lo digo: no voy a irme”.
La funcionaria afirmó que se ha sentido vigilada, amenazada y bloqueada por su intento de ejercer con ética: “Tal pareciera que en el ayuntamiento les estorba una persona que quiere hacer las cosas bien”.
“¿Qué esperamos para decir que sí hay violencia política? ¿Encontrarme como muchas personas las han encontrado? ¿Ser un número más? ¿Una estadística más?”, cuestionó.
La Sala Toluca ordenó al Teemich emitir una nueva sentencia en los próximos días, con perspectiva de género, debida diligencia y valoración contextual de los hechos denunciados, incluyendo el precedente JRC-4005.
“Esperemos que esta vez hagan lo correcto. Si no, insisto, hay jueces en Toluca”, remató Bribiesca Gil.
Por su parte, la síndica reiteró. “Quiero que conozcan mi caso, pero más que nada que conozcan a la mujer. Seguiré con esta lucha por convicción. No me he sentido sola desde que llegué a esta casa”, dijo.




