Tras 2 días de bloqueo, hallan muerto a trabajador en Santa Ana Zirosto
MORELIA, Mich., 19 de noviembre de 2026.- Tras ocho meses casi sin salir al sol, Karla N asegura que su piel reaccionó con ronchas cuando volvió a exponerse. Había pasado hasta 22 horas diarias encerrada en una celda del Centro Penitenciario de Apatzingán, dirigido por Manuel Elorza Sánchez. Hoy denuncia que las agresiones físicas y el aislamiento han dado paso a otras formas de presunto maltrato institucional, pese a una resolución judicial que ordenó restituir sus derechos.
Karla está en prisión preventiva desde el 7 de mayo de 2025, sin sentencia condenatoria. Ha pasado por tres penales y, según su testimonio, enfrentó golpes, castigos, amenazas y despojo de pertenencias. Ahora intenta estudiar, trabajar y mantener contacto con sus seres queridos, pero asegura que las restricciones continúan.
Su caso se hizo público cuando denunció las condiciones de internos que confeccionaban costales. Afirmó que recibían pagos insuficientes y que, después de exigir mejores remuneraciones, comenzaron las represalias.
Antes de llegar a Apatzingán denunció que 10 custodias la golpearon, le lesionaron una costilla y la mantuvieron aproximadamente un mes en una celda vacía, sin artículos básicos, atención médica ni acceso regular al agua. Ya en Apatzingán, según informó en septiembre su abogado, Pedro Alberto Pérez Anguiar, compareció ante una jueza con moretones en brazos y abdomen después de que presuntamente custodias y un directivo la agredieran por entregar a su defensa alrededor de 20 hojas con quejas.
La jueza Susana Nidia Guillén Chávez ordenó al Ministerio Público investigar las lesiones. También determinó que el aislamiento prolongado vulneró sus derechos y dispuso retirar las medidas especiales de seguridad y vigilancia.
Karla reconoce que salió de ese régimen, pero afirma que eso no significó recuperar sus derechos. Las dificultades ahora aparecen al intentar estudiar, recibir artículos de higiene, vender sus artesanías o hablar con su pareja.
Este jueves esperaba explicar personalmente ante una jueza por qué solicita su traslado a otro penal, principalsmente para estar cerca de su familia. Sin embargo, poco antes de llamar a Quadratín desde el sistema telefónico del reclusorio, le notificaron que la audiencia había sido aplazada hasta el 26 de enero de 2027, a las 10 horas.
Según su versión, las autoridades penitenciarias solicitaron posponerla por la certificación de la Asociación de Correccionales de América (ACA). Permanecerá en el penal del que busca ser trasladada, donde, sostiene, continúan las irregularidades.
Karla asegura que el 19 de julio, cuando estaba bajo vigilancia especial, personal penitenciario vació su estancia y le quitó papel higiénico, champú, jabón, libretas, lápices y plumones. Nada le ha sido devuelto, afirma. Ese mismo día, según denuncia, una custodia le arrojó café caliente y le provocó quemaduras.
El 11 de octubre su padre acudió a visitarla y llevó productos de uso personal, entre ellos protector solar y gotas oftálmicas. Karla asegura que le impidieron recibirlos, aunque las gotas tenían una receta expedida por el propio servicio médico del penal. Necesitaba el protector por la reacción que, relata, le provocó volver a exponerse al sol después del encierro.
También denuncia que las autoridades reciben artículos de limpieza entregados por su familia, pero los distribuyen en pequeñas cantidades y a horarios que dificultan tareas cotidianas. Dice que no puede comprobar si finalmente le entregan todo lo que sus familiares llevaron.

Ocho internas que cursan distintos semestres del bachillerato comparten, según Karla, una sola computadora con Internet. El área femenil no tiene equipo propio: deben ir al aula del área varonil cuando les permiten utilizarla.
La plataforma educativa, explica, dispone de contenidos, videos y cuestionarios para avanzar. El problema es el acceso. Mientras en un penal anterior entregaba tres trabajos por semana, en Apatzingán apenas ha podido presentar tres en poco más de un mes.
Tampoco consiguió incorporarse a los talleres del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán (Icatmi). Primero le dijeron que no podía participar por las medidas especiales de vigilancia; después de que estas fueron retiradas, asegura, tampoco la inscribieron.

Para ganar algo de dinero, elabora figuras de origami. Afirma que sus trabajos, valuados en unos 300 pesos, permanecieron guardados sin posibilidad de venta. Mostró al director, Manuel Elorza Sánchez, dónde estaban y él ofreció exhibirlas. Las piezas fueron retiradas del almacén, pero Karla desconoce si se vendieron o qué ocurrió con los recursos. También reclama un depósito de 200 pesos que dice no haber recibido.
La interna sostiene que las mujeres carecen de talleres adecuados y utilizan el comedor para estudiar, trabajar, hacer ejercicio y convivir, mientras el área varonil cuenta con espacios destinados a distintas actividades productivas. "Nuestro comedor es todo en uno", resumió.
Desde enero solicita una videollamada con su pareja sentimental, recluida en otro centro penitenciario. Afirma que ambas realizaron los trámites necesarios, sin que hasta ahora se concrete la comunicación.
La certificación internacional es, según su testimonio, el argumento que recibe para justificar nuevas restricciones, desde la recepción de artículos personales hasta la instalación de equipamiento o la realización de actividades de convivencia. Cuestiona que un proceso destinado a mejorar las condiciones penitenciarias se traduzca, en su experiencia, en más limitaciones.
Considera especialmente grave no poder llevar escritos a los locutorios para entregarlos a sus abogados. Durante las revisiones, afirma, las custodias retiran los papeles, incluso cuando contienen peticiones o notificaciones que necesita aclarar con su defensa. Recuerda que una de las agresiones denunciadas ocurrió precisamente después de entregar documentos con quejas.
Karla también denuncia que se le ha pretendido medicar sin su consentimiento con un tratamiento psiquiátrico que asegura que no fue lo que acordó con su médico en el Hospital Psiquiátrico de Morelia “Dr. Javier Torres Orozco”, por lo que reclama una valoración externa.
Tampoco está satisfecha con la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Aunque ha solicitado seguimiento, asegura que sus representantes no han vuelto a verificar personalmente sus condiciones desde septiembre.
En el procedimiento PRCE 44/2026-SIAS, la jueza Guillén Chávez ordenó no sólo retirar las medidas especiales de vigilancia, sino reincorporar a Karla a las actividades penitenciarias, elaborar un plan individual de reinserción social y rendir informes mensuales durante seis meses sobre su cumplimiento. La interna reconoce que salió del edl aislamiento, pero afirma que las demás disposiciones no se han traducido en mejoras efectivas.
En publicaciones anteriores, el coordinador del Sistema Penitenciario de Michoacán, Elías Sánchez García, negó que personal de custodia la hubiera golpeado y atribuyó sus traslados a problemas disciplinarios. Pese a la reiterada solicitud de una entrevista presencial solicitada directamente y a través de canales institucionales, el servidor público mencionado se ha negado a atender las preguntas de Quadratín Michoacán.
Mientras el penal de Apatzingán prepara una certificación internacional sobre sus condiciones de operación, Karla sigue reclamando la posibilidad de estudiar, trabajar y mantener contacto con su familia.
Después de los meses de aislamiento, las agresiones que Karla denuncia y las pertenencias que dice haber perdido, espera que la resolución judicial tenga efectos más allá del papel. Por ahora, tendrá que esperar hasta enero para volver a plantearlo ante una jueza.




