Enfrenta UIIM déficit de 27 mdp y retrasos salariales
MORELIA, Mich., 19 de noviembre de 2026.- En defensa de la legalidad, el Estado de derecho y el principio constitucional de autonomía universitaria, la Benemérita y Centenaria Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), por conducto de su rectora y representante legal, Dra. Yarabí Ávila González, presentó formal denuncia y queja administrativa disciplinaria ante el Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación en contra del Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, Dr. en D. Rafael Linares Rivera.
Según refiere un boletín de prensa, la queja administrativa disciplinaria se encuentra sustentada en los artículos 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 209, 212 y 218 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, derivada de las graves irregularidades y contradicciones procesales cometidas en el trámite del Juicio de Amparo Indirecto VII-1402/2026 y su cuaderno incidental.
1. Desnaturalización del artículo 22 constitucional. El juzgador federal denunciado concedió una indebida suspensión de oficio y de plano a favor de Sergio Carmelo Domínguez Mota, equiparándola con «actos de tortura psicológica», con el propósito de eludir los requisitos restrictivos de la Ley de Amparo y ordenar la restitución en el cargo de un directivo formalmente sancionado por faltas graves por la Sala Superior del Tribunal Universitario.
2. Revocación unánime por el Tribunal Colegiado de Circuito. Al resolver los recursos de queja interpuestos por la Universidad Michoacana (toca R.Q. 339/2026 y acumulados), el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito declaró fundado el recurso de la Casa de Hidalgo, determinando de manera vinculante que las sanciones disciplinarias universitarias no constituyen tortura ni penas infamantes. Asimismo, revocó en su totalidad la medida y dejó al descubierto la falta de fundamentación del Juez de Distrito.
3. Desacato a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El juez denunciado inobservó las jurisprudencias obligatorias de la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (1a./J. 19/2010, 1a./J. 20/2010 y 2a./J. 204/2009), que prohíben al Poder Judicial Federal intervenir cautelarmente en los nombramientos directivos derivados del autogobierno universitario, así como otorgar medidas suspensivas que atenten contra el orden público y la estabilidad institucional.
4. Contradicción procesal manifiesta e inexcusable. En el mismo expediente, el juzgador mantuvo una conducta procesal contradictoria: primero negó la suspensión provisional el 29 de octubre por considerar que afectaba el orden público; posteriormente, el 5 de noviembre, concedió una suspensión de plano por supuesta tortura para devolverle el cargo a Carmelo; y finalmente, en un auto del 18 de noviembre, asentó textualmente que «no procede conceder la suspensión con efectos restitutorios respecto de la sanción impuesta», evidenciando, a juicio de la Universidad, una actuación carente de imparcialidad y objetividad.
La Universidad Michoacana reitera a su comunidad de profesoras, profesores, estudiantes y trabajadores administrativos que la titularidad de la Dirección Provisional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales continúa plenamente en funciones legales, garantizando la certidumbre de los trámites escolares, las clases y la vida académica.
La Casa de Hidalgo acude con firmeza ante las máximas instancias disciplinarias de la Nación para exigir que se investigue el actuar del juzgador denunciado y se apliquen las sanciones administrativas correspondientes, cerrando el paso a cualquier intento de utilizar los tribunales federales como instrumentos de desestabilización política e institucional.