Acusa interna tortura tras exigir mejor salario en penal de Michoacán

MORELIA, Mich., 20 de septiembre de 2026.- Karla N, interna sin sentencia en el penal de Apatzingán, acusó haber sido golpeada, aislada y trasladada como represalia por exigir mejores salarios para las personas privadas de la libertad que trabajan en talleres dentro de los centros penitenciarios de Michoacán.

La mujer hizo llegar físicamente, por vía postal, a las oficinas de Quadratín una petición manuscrita, fechada el 18 de agosto de 2026, así como pequeños carteles utilizados para protestar desde su celda contra las condiciones de su internamiento.

En esos materiales denuncia presunta tortura, explotación laboral, aislamiento, restricciones educativas y posibles represalias. La existencia de sus escritos acredita que ha formulado los señalamientos, pero no prueba por sí misma los hechos denunciados.

Karla sostuvo que existe una carpeta de investigación vigente en el área especializada en tortura de la Fiscalía General del Estado por hechos presuntamente ocurridos en el Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto número 1.

Quadratín no tuvo acceso a esa carpeta, dictámenes médicos, partes disciplinarios ni resoluciones relacionadas con los hechos, por lo que sus acusaciones permanecen sujetas a investigación.

Del reclamo salarial al traslado

Karla N, relató que comenzó a gestionar un aumento colectivo de 10 pesos desde octubre, debido a las bajas remuneraciones que recibían quienes cosían y empaquetaban costales.

De acuerdo con su testimonio, se pagaban 40 pesos por coser 500 costales y otros 15 pror empaquetarlos y acercarlos al camión. Ella obtenía alrededor de 420 pesos por semana.

“Yo le argumento pues que tres pesos muy poco, porque por coser 500 bastillas de 500 costales paga 40 pesos y por empaquetarlas y acercarlas por el camión, 500 piezas paga 15 pesos”, declaró.

La interna afirmó que después de insistir en el incremento fue golpeada por 10 custodias, sufrió una lesión en una costilla y permaneció aproximadamente un mes encerrada en una celda vacía, incomunicada, sin artículos de primera necesidad, atención médica ni acceso regular al agua.

También sostuvo que recibió amenazas para abandonar sus reclamos y que posteriormente fue trasladada a Apatzingán.

“Me sacaron, pero a punta de fregadazos, y me echaron a la camioneta y me trasladaron para acá, para Apatzingán”, afirmó.

La autoridad niega agresiones

En entrevista con Quadratín, el coordinador del Sistema Penitenciario de Michoacán, Elías Sánchez García, negó que personal de custodia haya golpeado a Karla y atribuyó sus traslados a conflictos y conductas agresivas dentro de los centros David Franco Rodríguez y de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto.

“Nadie la golpea, simplemente cuando se pone mal la quieren controlar las custodias”, sostuvo.

El funcionario afirmó que la interna golpeó a una maestra, tuvo problemas con sus compañeras y dañó objetos. Durante la conversación, sin embargo, no proporcionó partes disciplinarios, dictámenes ni registros que permitieran corroborar esos señalamientos o conocer las circunstancias de cada traslado.

Sánchez García confirmó que Karla N permanece separada de la población en un área de medidas especiales. Argumentó que Karla no puede convivir con las demás internas porque, según la autoridad, representa un riesgo para ellas.

“Las demás ya no la soportan, ahí es un riesgo para ellas”, expresó.

No precisó qué resolución fundamenta la medida, cuánto tiempo puede prolongarse, con qué periodicidad se revisa ni qué programa de reinserción recibe mientras permanece apartada.

Karla asegura que desde el 20 de enero se encuentra en una celda de aproximadamente dos por tres metros, sin convivencia con otras internas y con acceso limitado a las actividades del centro.

En uno de los carteles enviados a Quadratín aparece el nombre de Gerardo Castañeira Silva, a quien identifica como director del penal de Apatzingán, y lo acusa de continuar hostigándola. El señalamiento proviene exclusivamente de la interna y deberá ser respondido por la autoridad penitenciaria.

Familia solicita su traslado

Juan Carlos Yáñez García, padre de Karla, informó en entrevista que el 27 de agosto presentó ante el Instituto de Defensoría Pública del Estado una solicitud para que su hija sea trasladada a Morelia.

Durante la conversación telefónica leyó parte del documento, en el que expuso que tiene 67 años, que la madre de Karla no puede viajar hasta Apatzingán y que la distancia dificulta la convivencia familiar.

“También pedimos citado traslado porque la tienen aislada y no le permiten realizar actividades”, leyó.

Karla N aseguró que durante una visita observó que su hija permanecía sola y sin participar en actividades.

 Añadió que todavía no recibe una respuesta definitiva sobre el traslado y que volverá a consultar el estado de la solicitud.

Quadratín no tuvo a la vista ese escrito, por lo que la fecha, contenido y presentación del documento se consignan con base en el testimonio del padre.

Salarios bajo cuestionamiento

En uno de sus carteles, Karla sostuvo que después de siete meses de trabajo únicamente había recibido 250 pesos y que el resto de las piezas elaboradas le fueron retiradas.

“Esto es explotación laboral”, escribió.

Su padre afirmó que consultó a familiares de otras personas recluidas y éstos le señalaron que algunos pagos alcanzaban apenas 80 pesos. 

Se trata de información indirecta que no ha sido corroborada documentalmente.

Sánchez García rechazó que las personas recluidas reciban bajos salarios. Indicó que existen dos o tres empresas con actividades principalmente en Morelia y que el sistema penitenciario también contrata internos para labores de pintura, mantenimiento, cocina y panadería.

Sin embargo, al preguntarle si reciben al menos el salario mínimo vigente, respondió: “Yo digo que sí”, y reconoció que no tenía las cifras exactas.

“No tengo los datos exactos porque luego son muchos centros, pero si quieres lo investigo y te los paso”, expresó.

El funcionario tampoco precisó qué empresas operan dentro de los penales, cuánto pagan por jornada o pieza, cuántas personas emplean, qué prestaciones reciben ni qué autoridad inspecciona sus condiciones laborales.

CEDH confirma una queja

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, encabezada por Josué Mejía, informó que existe una queja interpuesta por Karla Yáñez ante la Visitaduría Regional de Apatzingán por presuntos tratos indignos.

Corresponderá al organismo investigar las condiciones denunciadas, solicitar informes a las autoridades y determinar si existieron vulneraciones a los derechos de la interna.

Consultada a pregunta expresa únicamente sobre los tratos referidos por la imputada, la defensora pública Isabel Gutiérrez respondió sobre ese aspecto, sin proporcionar información reservada o propia de las causas penales.

Gutiérrez señaló que Karla le había comunicado inconformidades relacionadas con el aislamiento y el acceso a sus estudios, asuntos que corresponden al ámbito de ejecución penal y no a la defensa de los procesos que tiene asignados.

La información que falta

Sánchez García se comprometió a recabar y proporcionar información detallada sobre la situación, incluidas las remuneraciones dentro de los centros penitenciarios.

“Yo con gusto te puedo pasar la información”, señaló, y pidió que los cuestionamientos le fueran enviados por escrito para responderlos con apoyo del personal de los penales.

La Coordinación deberá explicar qué resolución sostiene la permanencia de Karla en medidas especiales, cuánto tiempo puede durar, qué evaluaciones justifican su separación, qué empresas emplean a personas recluidas, cuánto pagan y qué autoridad inspecciona sus condiciones laborales.

También deberá informar si fue requerida por la Fiscalía dentro de la investigación por presunta tortura; si entregó videos, bitácoras, partes y registros médicos; qué medidas adoptó para proteger a la denunciante, y qué respuesta ofrece al señalamiento dirigido contra el director mencionado por Karla.

Queda pwndiente aclarar qué acceso efectivo tiene la interna a educación, trabajo, atención médica, comunicación y actividades de reinserción, así como el estado de la solicitud de traslado referida por su padre.

La situación penal de Yáñez Hernández no elimina la obligación del Estado de garantizar su integridad y condiciones dignas durante el internamiento.

Esta es una primera entrega sobre un asunto al que Quadratín dará seguimiento a partir de las respuestas del Sistema Penitenciario, el avance de la queja ante la CEDH y las investigaciones relacionadas con los hechos denunciados.