Conoce sus derechos apenas 20% de michoacanos: jurista

MORELIA, Mich., 11 de marzo de 2017.- Como parte de una estadística que se replica a nivel nacional, se estima que en Michoacán apenas 20 por ciento de la población conoce sus derechos, tiene contacto con tribunales de justicia y órganos de legislación, comentó Simón Baca Suárez, al impartir la conferencia: Resoluciones del primer Supremo Tribunal de Justicia de Ario.

A poco más de 200 años de la instalación del Tribunal de Ario de Rosales, en marzo de 1815, el espíritu de los principios de justicia, siguen vigentes, pero está pendiente la construcción de una verdadera cultura jurídica y de la legalidad que se traduzca en una verdadera justicia social, más allá de la palabra impresa.

Ante invitados especiales y estudiosos del derecho procesal, Simón Baca Suárez presentó un bosquejo general de los 28 asuntos de que se tiene registro a que dio trámite aquel cuerpo de justicia instalado en marzo de 1815 y disuelto en noviembre de ese mismo año, sin que hasta la fecha se hayan encontrado las sentencias correspondientes.

En entrevista posterior, Baca Suárez, encargado de la Sede Histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comentó que los principios de justicia social, respeto a la dignidad humana y al debido proceso, se instalaron desde entonces y no han cambiado mucho, pero siguen pendientes garantías elementales que saldría muy caro consolidar.

“Una sociedad de derechos, y que en los hechos garantiza los derechos humanos, es una sociedad cara; ese es un gran reto, que el decreto de ley se traduzca y sea correspondiente con la realidad de las personas: vivienda, alimentación, otros; es ahí donde el esquema presupuestal hace mella en la consolidación de una verdadera justicia social”, comentó.

A pregunta expresa, señaló que siempre ha habido garantías del inculpado, el debido proceso, la formalidad en el juicio, la búsqueda de controles al abuso de autoridad, pero enfatizó que es necesario reforzar el apego y respeto a la ley; “todavía hace falta entender la justicia como un verdadero límite a la autoridad, como una protección de libertades de los individuos”, dijo.

Y es que, señaló que las últimas reformas constitucionales son tendientes a la ampliación de atribuciones de la autoridad judicial, en menoscabo de los individuos; como ejemplo de ello, se refirió a la figura de arraigo, que en 2008 llegó a declararse constitucional, pese a lo cuestionable del procedimiento, apuntó.

Señaló que es necesario garantizar que haya una corresponsabilidad entre lo que se decreta, con la realidad de las personas; “tenemos reconocimiento de derechos amplios, pero no todas las personas gozan actualmente de esos derechos”, comentó, al referir que actualmente de 120 millones de mexicanos, si acaso 20 conocen sus derechos, estadística que de manera proporcional se replica en Michoacán.