Resultados de Carlos Torres Piña al frente de la Fiscalía de Michoacán
MORELIA, Mich., 20 de junio de 2026. - En el paraje rural y las fosas clandestinas, las madres buscadoras están transformando esa narrativa. Ante un sistema institucional lento y asfixiado por la burocracia, las activistas no solo sobreviven: gestionan, resisten y le demuestran al Estado Mexicano cómo se construye una red de cuidado social.
Evangelina Contreras Ceja, fundadora del colectivo Desaparecidos de la Costa y Feminicidios de Michoacán (Decofem) y quien busca a su hija Tania Contreras Ceja—presuntamente desaparecida por policías y criminales en Caleta de Campos desde el 11 de julio de 2012—, alzó la voz por ella y por todas las madres, hijas y hermanas que no dejan de buscar, que resisten y viven con temor de morir sin encontrar a los suyos.
Contreras Ceja señaló que la falta de recursos institucionales no es un límite para su amor, sino una denuncia flagrante de la inoperancia del gobierno.
Las brigadas de búsqueda desafían la lógica económica formal, esa que promete funcionar con recursos de las autoridades, con apoyo de las instituciones.
"De verdad, mira, a veces andamos... no mentimos: toda una semana con 200 pesos en la bolsa. Gastándonos en cualquier cosa, porque las donaciones que nos dan son sueros y agua. Con eso que nos donan, pues tenemos para andar en el campo; pero para la comida, pues te compras algunos cacahuates, algunas cosas, porque no hay para más", relata Evangelina.
Sin embargo, lejos de asumir un papel de víctimas pasivas, Contreras Ceja apunta directamente al esquema financiero de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), calificándolo como un modelo obsoleto y revictimizante: el sistema de los reembolsos.
"Ahí nos dicen: por reembolso y por reembolso. Y a veces también nos dicen: este mes no tengo, este mes no tengo. Y a veces te dan y otras te quedan debiendo lo de meses atrás, que habían prometido inicialmente pagar, y así se van”, añadió.
Y mientras tanto, las búsquedas no se detienen. Cada día de búsqueda es uno menos en la vida de las madres y familiares de buscadores.
“Es muy difícil porque tenemos que buscar la forma de en dónde hospedarnos; porque tampoco tenemos para pagar hospedajes y los gastos son fuertes", explica la activista.
Las familias sostienen que no son proveedoras del Estado para financiar búsquedas con su propio dinero esperando un pago posterior que tarda meses; son defensoras de derechos humanos haciendo el trabajo de campo que las fiscalías omiten. La solidaridad comunitaria que les provee agua, sueros y alimentos demuestra que el tejido social responde con mayor velocidad y empatía que las oficinas de gobierno.
La líder de Decofem pone sobre la mesa una realidad oculta: la búsqueda en campo no solo cuesta dinero, cuesta vidas humanas en tiempo real.
"Muchas de las veces sacrificamos nuestra salud porque no nos atendemos los problemas de salud por salir a buscar con la desesperación de encontrar a nuestros hijos. Porque cada año que pasa es un año menos de vida para nosotros y un año menos para recuperarlos a ellos".
No obstante los obstáculos, las carencias y el hambre, con esos 200 pesos y mucha voluntad, siguen con la búsqueda y localización de los michoacanos que esperan en fosas clandestinas, en el fondo de los arroyos, entre las huertas o en el patio de casas abandonadas.




