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MORELIA, Mich., 31 de octubre de 2025.- El sector campesino ha roto las mesas de diálogo con las autoridades federales y estatales al negarse a continuar con los acuerdos previamente establecidos, informaron fuentes gubernamentales.
A la par, ahora exigen la fijación de un precio base de 6 mil 250 pesos por tonelada de maíz, cifra considerada inviable por las propias instancias del Gobierno debido a las condiciones del mercado y los mecanismos de comercialización actuales.
Los productores en un primer momento habían firmado un acuerdo para que el costo fuera de 6 mil 50 pesos, precio que supera en un 25 por ciento el costo del maíz a nivel internacional. Este precio se lograría con un apoyo extraordinario de 100 millones de pesos por parte del Gobierno de Michoacán.
Durante las últimas reuniones sostenidas con autoridades del sector agrícola, los representantes de algunas organizaciones productoras decidieron abandonar las mesas de trabajo, cerrando los canales de comunicación abiertos desde días atrás.
Incluso se han negado a reunirse con el propio gobernador Alfredo Ramírez Bedolla quien había ofrecido un trato directo sobre el tema.
Con esta acción, dejaron sin efecto los acuerdos nacionales signados con el Gobierno de México y los compromisos asumidos en Michoacán.
Entre sus nuevas demandas, los productores también plantearon la eliminación del apoyo económico a pequeños productores con menos de 5.5 hectáreas, quienes actualmente reciben un incentivo de 300 pesos dentro del programa Producción para el Bienestar, propuesta que contradice los principios de equidad y apoyo a quienes menos tienen.
En el caso de Michoacán, la postura adoptada por las organizaciones ha resultado contradictoria con las propuestas que previamente habían respaldado, generando una ruptura con el esquema de colaboración que se mantenía con las autoridades locales.
Como parte de sus manifestaciones, los grupos campesinos mantienen la toma de casetas en al menos dos puntos de la entidad, Panindícuaro y Zinapécuaro, afectando la libre circulación de vehículos y contraviniendo el acuerdo número siete de los compromisos nacionales, que establece expresamente la no realización de bloqueos o cierres carreteros.




