MORELIA, Mich., 12 de septiembre de 2019.- Ex trabajadores de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Michoacán demandaron al Gobierno federal el pago de su finiquito tras incorporarse al esquema de separación por renuncia voluntaria.

De acuerdo con Guillermo Damián García, se trata de 46 ex servidores públicos de la delegación estatal, quienes estaban sujetos a la Ley del Servicio Profesional de Carrera y que en algunos casos contaban hasta con 30 años de servicio en la administración pública federal.

Relató que el pasado 30 de junio, los ahora ex trabajadores fueron “invitados” a adherirse al programa de separación, con la promesa de ser liquidados conforme a la ley por los años de servicio que prestaron dentro de la administración pública federal.

“Más que voluntario, prácticamente fue obligado porque así nos lo manifestaron: quien no se adhiriera a este programa, a partir del primero de julio, automáticamente se iba de la Secretaría sin recibir nada a cambio”, señaló García durante una manifestación que se realizó este jueves a las afueras de la delegación estatal de la Sader.

Indicó que los ex trabajadores que fungían como responsables de programas en diferentes áreas en los centros de apoyo en los distritos de desarrollo rural, se incorporaron a dicho programa.

“Quedaron de hacer el pago de esas indemnizaciones a más tardar el último día de julio, situación que no sucedió. Nos hicieron después un comunicado de que a finales del mes de agosto se estaría liquidando, como una nueva promesa, y es fecha en que no se cumple, que no nos han dado respuesta de manera formal de cuándo se van a hacer estos pagos”, denunció.

Por ello, exigieron al Gobierno federal, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al mismo titular de la Sader, Víctor Villalobos, una respuesta y postura oficial en la que se les informe sobre la fecha en la que se les liquidará conforme a la Ley.

“Llevamos meses sin respuestas y promesas verbales únicamente y no se han cumplido. Esa es la exigencia que tenemos”, reiteró.

Apuntó que el servicio profesional de carrera inició en el año 2008, pero que muchos de los ex trabajadores tenían más antigüedad como servidores públicos.

“Concursamos los programas y convocatorias que lanzó la Secretaría de la Función Pública donde año con año tenemos que tener evaluaciones, fijamos y cumplimos metas para poder seguir teniendo presencia dentro de la administración pública federal, pero en este momento nada de eso contó para poder tener la decisión y separar de sus encargos a los servidores públicos”, dijo.

De acuerdo con García, a los ex trabajadores les corresponde por ley compensaciones de 20 días por año de servicio, más el pago de vacaciones y la proporcional del aguinaldo, correspondiente a 3 meses y 20 días por año de servicio cumplidos.

“No somos corruptos, no estamos siendo despedidos por alguna irregularidad, somos trabajadores, profesionistas con muchos años de experiencia dentro del sector, no pueden catalogar a todos por igual”, concluyó.