Han inhabilitado a 140 servidores públicos por desvío de recursos

MORELIA, Mich., 19 julio de 2019.- La Secretaría de Contraloría de Michoacán (Secoem) ha inhabilitado a 140 servidores públicos por desvío de recursos de cuentas de origen hacia otros fines, lo que a decir de las autoridades constituye no solo una irregularidad sino un delito también conocido como la licuadora en el argot financiero.

“Estos casos vienen de la administración 2009 y 2010 hasta 2014 y empezando 2015; la gran mayoría tiene que ver con la movilidad de los recursos o la falta de la justificación de la trazabilidad del recurso”, comentó el titular de la Secoem, Francisco Huergo Maurín, al admitir que es una práctica que no se ha erradicado todavía.

En entrevista, explicó que cuando las dependencias acceden a un recurso federal de cualquier fondo, que tiene reglas de operación específicas, y se saca de una cuenta para introducirlo en una globalizadora y hacer pagos distintos a los que está destinado ese presupuesto, aunque después se devuelva a la cuenta de origen y se pague, el solo hecho de moverlos es un delito.

“El solo hecho de mover los recursos de una cuenta de origen a otra, aunque se devuelva y se pague, constituye un delito; y esto es repetitivo, sobre todo cuando hay falta de liquidez y no se es suficientemente estricto para mantenerse en la posición de lo que se puede y no hacer”, comentó Huergo Maurín.

Al recordar que la mayoría de los fondos federales ya vienen con una etiqueta específica, abundó que en el caso de la presente administración del gobierno estatal se ha evitado a toda costa caer en ese tipo de inconsistencias, de traspasar recursos de un fondo a otro, lo que a la postre se convierte en un problema para el estado.

“Cuando llega el recurso para un fin específico ahí se debe de quedar, en su cuenta correspondiente, y solamente fondos como Fortafin, que tienen un amplio espectro en su aplicación, o participaciones, que son para pagar cualquier cosa que se requiera, se pueden utilizar de manera libre”, comentó.

Huergo Maurín dijo que con el uso y manejo del software Exeni es posible identificar expedientes, etapas, actividad o inactividad administrativa de cada caso, lo que ha dado la posibilidad de acudir con oportunidad en los juzgados y digitalizar actuaciones para dar seguimiento a cada asunto.