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MORELIA, Mich., a 28 de octubre de 2026.- Niñas, niños y adolescentes con uno o ambos padres en prisión enfrentan condiciones de vulnerabilidad económica, estigmatización y falta de certeza para acceder a educación, salud, alimentación y vivienda, de acuerdo con el informe 2025-2026 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).
Ante esta situación, el organismo buscará que el Congreso de Michoacán cree un fondo de apoyo económico para las personas que tienen bajo su cuidado a estos menores, quienes no tienen responsabilidad en los delitos que se imputan a sus padres.
En las visitas a los centros de reinserción social, la CEDH identificó a 131 niñas, niños y adolescentes hijos de personas privadas de la libertad en condiciones de vulnerabilidad que viven en sociedad.
El fondo tendría como propósito prevenir que la falta de recursos de sus cuidadores afecte sus derechos.
El organismo identificó 35 casos de nacimientos intramuros cuyos bebés permanecen con sus madres dentro de prisión, pero que al cumplir la edad límite para continuar con ellas, deberán salir del centro penitenciario y quedar bajo el cuidado de algún familiar o ingresar a un Centro de Asistencia Social.
De acuerdo con el informe, seis menores se encuentran en esta última situación, sin garantía de ejercer su derecho a vivir en familia.
Las investigaciones de la Comisión documentaron afectaciones emocionales y educativas entre las infancias y adolescencias que tienen a uno o ambos padres en prisión.
Entre las consecuencias identificadas están cuadros severos de ansiedad por separación, conductas agresivas como mecanismo de defensa, síntomas de depresión y baja autoestima, vinculada con la situación jurídica de sus padres.
En el ámbito escolar, la CEDH detectó bajo rendimiento y deserción por falta de recursos económicos de las personas responsables de su cuidado.
La propuesta de crear un fondo busca atender las necesidades de este sector y evitar que la situación jurídica de sus padres, junto con la falta de solvencia económica de sus familias, limite el ejercicio de sus derechos.
El organismo planteará la medida ante el Congreso del Estado, con el propósito de establecer un mecanismo de apoyo para quienes asumen el cuidado de niñas, niños y adolescentes durante el encarcelamiento de sus padres.