Demandan habitantes de Maravatío cese de denuncias judiciales de Kansas

MORELIA, Mich., 5 de agosto del 2026.- Habitantes de la localidad de Apeo del municipio de Maravatío, realizaron hoy un plantón frente a la sede del Poder Judicial de la Federación en esta ciudad capital, en demanda del cese de acciones judiciales y denuncias penales así como de intimidaciones y amenazas que en contra de algunos de sus compañeros realiza y ha realizado la empresa ferroviaria Kansas City.

Encabezados por el encargado del Orden de esa localidad, Enrique Miranda Martínez, los habitantes portaban cartulinas en la que inscribieron frases en contra de las arbitrariedades de dicha empresa ferroviaria.

  “Nos están acusando de cometer el delito de uso de suelo federal, cuando que nosotros no estamos explotando nada”, dijo en entrevista Enrique Miranda, quien añadió que hay complicidad de la Fiscalía General de la República con los abogados de la empresas Kansas City, porque son varios de sus elementos quienes se han encargado de intimidar y amenazar a los habitantes de Apeo para que cedan a las pretensiones de la empresa.

Dijo que la empresa argumenta que la localidad está violentando un precepto legal y gubernamental, porque las casas de la comunidad se encuentran a 15 metros de la vía del tren y están invadiendo los límites establecidos, porque la distancia debe ser de 20 metros.

Miranda Martínez expresó que ese límite se impuso en un decreto presidencial de 1996, pero solo era para zonas de riesgo, como curvas, situación ésta en la que no se encuentra la comunidad, porque las casas fueron construidas de manera lineal en una zona de cero riesgos.

Dijo, además, que hace más de 90 años se dotó de tierras a los habitantes de esa localidad, quienes construyeron sus viviendas; mientras que la empresa Kansas City alrededor de 25 años operando.

El encargado del Orden, Enrique Miranda Martínez, recordó que, como parte de las represalias que realizan la  que  empresa con la Fiscalía, “en dos ocasiones ha sido detenido un compañero acusado de despojo, e incluso fueron enviados elementos de la Fiscalía Federal, si bien fue liberado casi de inmediata, las amenazas continúan, incluso nos dijeron que van a tirar las viviendas porque tiene 20 metros de derecho de vía, nosotros sabemos que son 15 metros, pero no hay un solo documento que los acredite como propietarios, porque están dentro de las tierras ejidales”.

Expuso, por otro lado, que ya hay acuerdos con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para resolver el tema, por lo que Kansas City, que hasta el momento se ha negado a negociar, tiene la última palabra.

Por otro lado, y en entrevista aparte, el abogado defensor de la comunidad, Valente Álvarez Reyes, dijo que los ejidatarios y vecinos de la comunidad de Apeo, en el municipio de Maravatío, hacen uso de su derecho constitucional a la libre expresión, asociación, manifestación pacífica y el derecho a la propiedad y protección de su territorio, ante una situación que ha sido indebidamente llevada al terreno penal por parte de Kansas City Southern de México, al presentar denuncias por una supuesta invasión al derecho de vía férrea.

Manifestó que, desde una perspectiva estrictamente jurídica, resulta indispensable precisar que el origen del conflicto no está en la comisión de un delito, sino en una controversia agraria y posesoria derivada de la falta de delimitación clara y específica del derecho de vía al momento de la dotación de las tierras ejidales.

Expresó que, de acuerdo con la información proporcionada y reconocida por el Registro Agrario Nacional, no existió en su momento una determinación precisa que fijara de manera individualizada ese derecho de vía sobre los terrenos ejidales, lo que hoy genera una disputa que no puede resolverse mediante la criminalización de quienes legítimamente ocupan y detentan tierras heredadas conforme al régimen agrario.

Agregó que la propia normativa aplicable en materia de infraestructura y comunicaciones reconoce la posibilidad de establecer derechos de vía, incluso hasta de 15 metros, siempre que ello se haga con criterios técnicos y sin poner en riesgo la seguridad.

Álvarez Reyes dijo que, sin embargo, esa circunstancia no autoriza por sí misma a convertir una controversia sobre límites, posesión o uso de tierra ejidal en una imputación penal. “El derecho penal es la última ratio del sistema jurídico y no puede utilizarse como mecanismo de presión en conflictos que, por su naturaleza, deben ser atendidos en sede agraria o por vías conciliatorias”, añadió.

Asimismo, subrayó que los delitos no se heredan. “Quien recibe tierras ejidales por sucesión, cesión o cualquier figura reconocida por el régimen agrario no adquiere responsabilidad penal por hechos que no le son propios, ni por controversias históricas no resueltas en la delimitación original de los terrenos. Pretender atribuir conducta delictiva a ejidatarios y vecinos por ocupar tierras cuya situación jurídica no fue debidamente definida por las autoridades constituye una visión incompatible con los principios de legalidad, tipicidad y presunción de inocencia”.

El abogado defensor Valente Alvarez Reyes afirmó que este asunto debe resolverse ante las autoridades agrarias competentes, mediante los procedimientos administrativos, técnicos y conciliatorios que permitan determinar con precisión la posesión, los linderos y, en su caso, el alcance del derecho de vía. “No se trata de negar derechos a nadie, sino de reconocer que los conflictos agrarios exigen soluciones jurídicas propias del régimen de propiedad social, no la vía penal como instrumento de intimidación”, abundó finalmente Valente Alvarez.