Sin certeza jurídica familias de predio Cuitzillos; culpan al IVEM

MORELIA, Mich., 28 de julio de 2023. – A 21 años de haberse parcelado un predio de Gobierno del Estado, en Tarímbaro, para beneficio de familias de cuatro organizaciones sociales, no hay certeza jurídica para quienes allí habitan, porque el Instituto de la Vivienda de Michoacán ha utilizado el predio a su conveniencia y afectado hasta pequeñas desarrolladoras.

Se trata del predio denominado Cuitzillos, ubicado en los límites entre Tarímbaro y Morelia, donde allá por el año 2002 el entonces gobernador Lázaro Cárdenas Batel obsequió un predio a las organizaciones Unión de Artesanos Campesinos y Colonos, 3 de Agosto, Los Sin Tierra y Demanda Dispersa, a los que entregó cartas de asignación en el año 2006, pero a los que eventualmente se las quitó, informó Jorge Tellez empresario afectado, detalles que coinciden con un documento sellado de recibido en el despacho del Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, del pasado mes de mayo.

Al concluir la gestión de Cárdenas Batel, el predio se le cedió a la pequeña desarrolladora inmobiliaria Improvid, que asumió el compromiso de construir vivienda de interés social, a cambio de la urbanización de la zona, introducción de servicios públicos, etcétera.

Improvid confió en la palabra de las autoridades, que el predio estaba libre de gravámenes y sin compromisos, expresó el denunciante.

“El entonces director de la vivienda en el estado, sin revisar a fondo las condiciones del predio, hace entrega de un lote para construir 3 mil 150 vivienda a la desarrolladora Improvid y se firma el fideicomiso en 2007”, entre cuyos objetivos estaba beneficiar a policías, uno de los sectores más vulnerables en tema de vivienda, explicó en entrevista Jorge Tellez, empresario vocero de los inversionistas afectados.

Para cumplir con el compromiso, los socios adquirieron un millonario préstamo con la financiera Finpatria, a cambio, la empresa desarrolladora ofreció en garantía todo el predio, confiados en que todo llegaría a buen término, ya que el crédito era de 10 millones y el valor del inmueble era de más de 200 millones de pesos.

Pero el problema de fondo no se había resuelto, parte del predio estaba en disputa, y así continúa después de 21 años, pese a la necesidad que hay de vivienda de interés social en el oriente de la ciudad.

En 2010 el conflicto finalmente también alcanzó a la desarrolladora y Finpatria reclamó para sí el predio comprometido por la desarrolladora, hasta que los derechos del juicio fueron comprados por el Instituto de la Vivienda de Michoacán y finalmente reclamó la restitución de los derechos sobre el predio.

Con ello, quedaron en la incertidumbre jurídica las 904 familias y la desarrolladora, porque los convenios firmados y las cartas de posesión simplemente perdieron validez legal.

Hasta ahora, ninguno de los afectados ha presentado denuncia, ya que había una esperanza de resolverlo con diálogo, pero el actual director no ha dado respuesta a los demandantes, así que han optado por recurrir ante el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, para exigir solución.

A la par, en su último escrito dirigido al mandatario estatal, le piden en el párrafo B de su pliego petitorio la destitución de Roberto Andrade Fernández por la falta de respuesta y solución al conflicto.