Rezago legal y falta de políticas agravan crisis animal en Michoacán

MORELIA, Mich., 9 de abril de 2026.- La ausencia de políticas públicas municipales y el retraso en la legislación nacional mantienen en estado crítico la atención al bienestar animal en Michoacán, advirtieron activistas y especialistas, quienes señalaron que el problema ha sido contenido por la sociedad civil ante la inacción institucional.

En conferencia de prensa, convocada para anunciar obras de teatro con causa en Morelia, a pregunta expresa, Carlos Maya, integrante de la Asociación Abogados Animalistas de México, expuso que el principal vacío se encuentra en los municipios, donde la mayoría carece de normatividad básica. 

“El 96.6 por ciento de los municipios en Michoacán no tienen políticas públicas, no es que no sean buenas, no, sino que no las tienen”, afirmó, al referir un diagnóstico elaborado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Aunque consideró que la cifra podría haber mejorado ligeramente en los últimos años, subrayó que el rezago sigue siendo “devastador”, sobre todo en regiones fuera de la capital. “Las necesidades que nosotros vivimos en la capital no son nada comparadas a las que están viviendo nuestros compañeros activistas en las regiones”, señaló.

Entre las carencias más urgentes, destacó la falta de reglamentos municipales en materia de protección animal. 

“Una obligación es tener un reglamento, llámese como se le llame, de centro de atención animal, de protección animal, de derechos de los animales”, explicó, al precisar que no necesariamente implica la creación de perreras, sino al menos centros de atención primaria o esterilización.

Sin embargo, acusó que los gobiernos locales no han dimensionado la magnitud del problema. “Los ayuntamientos no están entendiendo que se necesita establecer espacios para los grupos, no están actuando, no lo están entendiendo”, sostuvo.

Criticó además que las acciones institucionales son insuficientes y aisladas. “Ellos hacen una campaña de esterilización cada seis meses de 30 a 40 perros y creen que así se combate la sobrepoblación”, indicó.

El rezago se replica a nivel nacional, donde sigue pendiente la expedición de la Ley General de Bienestar Animal, pese a que estaba contemplada como parte de la reforma constitucional en la materia. “Tenemos una ley pendiente que se ha ido quedando con la reforma constitucional, y sigue pendiente todavía”, señaló.

Recordó que incluso el plazo establecido para su aprobación ya fue rebasado. “Ya pasó ese plazo que se había concedido por mucho y todavía no ha avanzado”, advirtió.

Esta omisión, dijo, mantiene sin definición temas clave en el país, como prácticas relacionadas con animales en distintos sectores. “Ahí se definirían como ciertas prácticas que tenemos con los animales, particularmente temas como la tauromaquia, las peleas de gallos, cierta industria ganadera”, explicó.

A nivel estatal, también identificó la falta de una estructura institucional especializada. “Necesitamos una secretaría que se dedique totalmente a este tema”, planteó, al señalar que actualmente la atención recae de forma limitada en áreas como la Secretaría del Bienestar.

“El problema es que la Secretaría del Medio Ambiente nunca ha tenido interés sobre este tema en particular”, agregó.

El vacío institucional ha derivado en prácticas que los activistas consideran regresivas. Entre ellas, mencionó el llamado rifle sanitario. “No es otra cosa más que una campaña política de exterminio de animales”, acusó.

En este contexto, Carlos Maya sostuvo que la carga ha recaído en la sociedad civil organizada. “Nosotros somos el refugio, el amortiguador hacia los ayuntamientos para que esta problemática no les explote a ellos en la cara”, afirmó.

Pese a ello, advirtió que el modelo es insostenible sin intervención gubernamental. “La pregunta ahora es qué están haciendo los municipios para entender lo que nosotros entendimos hace 30 años”, cuestionó.

Finalmente, insistió en que atender el problema requiere no sólo voluntad política, sino una arquitectura legal y administrativa que hoy no existe o permanece incompleta, lo que mantiene a Michoacán en un rezago estructural en materia de bienestar animal.