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MORELIA, Mich., 13 de noviembre de 2026.- A unas horas del cierre de la convocatoria, el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Antonio Cruz Medina, se registró en el proceso de selección para ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE), con lo que su nombre se sumó a los perfiles que buscan encabezar la institución.
Toño Cruz lleva un año al frente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a donde llegó el 16 de noviembre de 2025, tras la salida de Juan Carlos Oseguera Cortés. Su nombramiento ocurrió después de desempeñarse como vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal de la propia Fiscalía.
Antes de asumir la titularidad de Seguridad Pública, Cruz Medina estuvo al frente de la Subsecretaría de Investigación Especializada, área a la que llegó en octubre de 2022, por recomendación de la Federación.
El registro fue a las 13 horas de este viernes y quedó marcado con el folio 030.
Tras descartarse totalmente Hugo Gama Coria, magistrado Presidente del Poder Judicial, de participar en el proceso, queda como uno de los perfiles más definidos para ser el próximo fiscal General del Estado.
El funcionario cuenta con más de dos décadas de trayectoria en seguridad pública, investigación criminal e inteligencia. Es licenciado en Derecho, tiene un posgrado en Derecho Civil y una maestría en Criminalística, por lo que cumple con el requisito de la experiencia y formación.
En su carrera ha ocupado la Dirección General de Operaciones Técnicas y Tácticas de la División de Investigación de la extinta Policía Federal, donde participó en investigaciones contra grupos delictivos y operaciones para detener objetivos prioritarios.
También fue coordinador de la Guardia Estatal de Seguridad de la Fiscalía de Baja California y director en la Guardia Nacional, donde estuvo comisionado a la Coordinación Nacional Antisecuestro, al frente del área de investigación de campo.
Su formación incluye capacitación del FBI en México, cursos de operaciones especiales en Polonia y preparación en planeación de operaciones rurales por parte de la Policía Nacional de Colombia. Además, participó en encuentros internacionales sobre trata de personas, drogas sintéticas y tráfico de armas, de acuerdo a información pública.




