Alertan riesgo de colapso en Pensiones Civiles de Michoacán hacia 2030

MORELIA, Mich., 13 de noviembre de 2026.- El congelamiento de alrededor de 3 mil plazas estatales y la consecuente disminución de trabajadores que aportan al sistema de Pensiones Civiles de Michoacán podrían comprometer su sostenibilidad financiera hacia 2030, advirtieron representantes del magisterio durante un foro realizado en el Congreso del Estado.

Carlos Tinoco, integrante del magisterio estatal, alertó que la falta de nuevas contrataciones con claves estatales representa un riesgo para el fondo que sostiene las jubilaciones, particularmente ante el crecimiento de la población pensionada y la incrertidumbre sobre los recursos disponibles en los próximos años.

Expuso que, mientras en 2015 se contabilizaban aproximadamente 8 mil jubilados, actualmente estima que la cifra supera los 10 mil, aunque no presentó información oficial que permita establecer con precisión el incremento.

El problema, explicó, radica en que las plazas congeladas dejan de generar nuevas aportaciones al sistema, mientras las obligaciones económicas con los trabajadores retirados continúan creciendo.

Durante el foro En Defensa de los Sistemas de Pensiones Solidarios, los participantes cuestionaron que no exista claridad sobre el futuro financiero de Pensiones Civiles, particularmente después de las modificaciones legales aprobadas en agosto de 2015.

Recordaron que aquella reforma respondió a advertencias actuariales sobre un eventual agotamiento de los recursos hacia 2025, por pror lo que se incrementaron las aportaciones de los trabajadores, pero también se modificaron beneficios y condiciones para acceder a préstamos.

Tinoco sostuvo que, pese a esos ajustes, persisten dificultades que afectan directamente la economía familiar de los derechohabientes.

Como ejemplo, señaló que los créditos hipotecarios alcanzan aproximadamente 550 mil pesos, cantidad insuficiente para adquirir una vivienda cuyo costo puede superar los 900 mil pesos, lo que obliga a trabajadores a contratar financiamientos adicionales.

Según lo expuesto en el encuentro, la combinación de créditos hipotecarios y de liquidez puede representar descuentos de hasta 75 por ciento del salario, dejando a algunos trabajadores apenas una cuarta parte de sus ingresos para cubrir sus necesidades.

Otra preocupación es la seguridad médica de los jubilados estatales, pues denunciaron que su continuidad depende de convenios entre los gobiernos estatal y federal, situación que anteriormente ha provocado periodos sin cobertura para algunos trabajadores retirados.

Además, cuestionaron que, después de décadas de servicio, los empleados estatales no reciban al jubilarse recursos equivalentes a los fondos de retiro y vivienda que obtienen determinados trabajadores federalizados.

Los asistentes plantearon la necesidad de revisar nuevamente la Ley de Pensiones Civiles del Estado, garantizar la continuidad de las aportaciones y establecer mecanismos que permitan conocer las condiciones financieras reales del organismo.

La discusión también alcanzó el ámbito nacional, ante la posibilidad de una Ley Marco que regule los sistemas pensionarios estatales, municipales y universitarios, que, de acuerdo con los participantes, suman alrededor de mil en el país.

Representantes de organizaciones de jubilados y trabajadores de Michoacán y Zacatecas advirtieron que cualquier reforma debe evitar la reducción de derechos adquiridos y priorizar la viabilidad de los sistemas solidarios.

Por ahora, el riesgo de colapso hacia 2030 constituye una advertencia de los representantes laborales y no una proyección actuarial acreditada durante el foro. Sin embargo, exigieron que las autoridades expliquen cómo garantizarán el pago de las pensiones si continúa disminuyendo el número de trabajadores que cotizan al sistema.