Hay injerencia de poderes fácticos en elección; urge seguridad: oposición
MORELIA, Mich., 2 de septiembre de 2020.- Ante el aumento de los muertos por Covid 19 y para evitar riesgos de contagio el diputado Antonio de Jesús Madriz propuso restringir a un solo acompañante durante la cremación de un cuerpo y la prohibición de exhumar los restos de quienes hayan fallecido por alguna enfermedad infecciosa o contagiosa.
También planteó la prohibición para fotografiar, videograbar, captar o difundir contenido de pacientes o personas fallecidas sin consentimiento expreso por parte de un familiar directo, así como garantizar la dignidad póstuma mediante la protección de la identidad, imagen, integridad, datos personales, información, historia, expediente clínico, perfiles digitales, así como el contenido de los atributos de la personalidad que se modifican con la muerte.
Durante la sesión virtual de este miércoles señaló que cuando una persona fallece, independientemente de las causas y prioritariamente cuando pierde la vida en contextos como el de una pandemia, tienen derecho al respeto a la integridad física, a que su cuerpo no sea alterado, vejado, mutilado, vendido ni exhibido.
Tiene derecho también a que los procedimientos médicos necesarios posteriores a la muerte, se realicen sin alterar o desfigurar su imagen sin causa médica razonable. Tiene derechos a la privacidad de su información, a la protección de sus datos, al manejo digno del cadáver y finalmente, pero no menos importante, a la persona fallecida tiene derecho a que aún muerta, le sea reconocida la dignidad inherente al ser humano.
Lo anterior, ha sido estudiado desde el derecho como parte de la necroética, enfocado a las personas que tienen un trato directo con los cadáveres, como personal de salud, personal funerario y cementerio.
En el contexto de la pandemia por el coronavirus, dependencias a nivel federal como la Comisión Nacional de Bioética de México y el Instituto Nacional de Acceso a la Información han mostrado su preocupación por este tema, logrando mínimamente la protección de los datos personales y recomendaciones para buenas prácticas en todos los niveles de gobierno.
El reto del Estado ante una persona fallecida implica también reconocer los derechos de los familiares, amistades y personas cercanas al occiso como el derecho al luto, el derecho a la verdad, el derecho a la libertad de credo para el trato de un ser querido difunto y principalmente, el derecho de representación ante un familiar fallecido para efectos de brindar consentimiento respecto de las decisiones médicas, administrativas y sociales posteriores, indicó el legislador.