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MORELIA, Mich., 31 de octubre de 2017.- Ante los avances que hay para el establecimiento de la Zona Económica Especial en el puerto de Lázaro Cárdenas, los ejidatarios que alegan derechos sobre predios de la isla de La Palma, cambiaron su actitud y acudieron al Congreso del Estado para que interceda y se reabran las mesas de negociación, afirmó la diputada por el distrito lazarocardenense, Eloisa Berber Zermeño.
“Yo creo que ellos están en la mejor disposición ahora, nos piden que intercedamos para que vuelva a haber negociaciones; ellos dicen, nosotros sí queremos que se dé la zona económica, queremos llevar el asunto por la vía pacífica y, prácticamente, olvídense de lo que dijimos, vamos a empezar de nuevo”.
La legisladora del Partido Revolucionario Institucional señaló que siguen vigentes ocho juicios agrarios y los ejidatarios ya ven con cierto desánimo que no se haya llegado a ningún acuerdo, porque desde el pasado mes de mayo no tienen ningún acercamiento con las autoridades cuando anteriormente los citaban cada determinado tiempo en la Ciudad de México, en Guerrero, en Zihuatanejo o en Morelia.
“No hay que olvidar que son campesinos y van y vienen y no les dicen nada y se quedan con todos los gastos y sienten que no son escuchados y por eso ahora piden ayuda para sentarse a dialogar y llegar a un acuerdo”.
Berber Zermeño reconoció que la primera cantidad que aventaron en las negociaciones fue de ocho millones de pesos por hectárea, que no lo vale ni el centro de la ciudad, pero cada quien puede pedir lo que quiera y se negocia y de eso se trata, de que lleguen a un acuerdo.
Consideró que es necesario que se defina quienes tienen derechos y quienes no, porque hay un grupo de más de mil personas que piensan que por haber dado cierta cantidad de dinero a un líder tienen derechos, pero si se suman las extensiones que reclaman rebasa como por 10 veces la isla que abarca la Zona Económica Especial.
De no lograrse un acuerdo tampoco habrá problemas de fondo para esa zona ya que los juicios continuarán pero llegará un momento en el que tendrá que haber un fallo y quienes tengan derechos tendrán que ser indemnizados de acuerdo a un avalúo, pero eso se puede evitar si de una vez se llega a un acuerdo y los gobiernos federal y estatal les pagan lo que les corresponde.




