MORELIA, Mich., 22 de septiembre de 2020.- Ante la desaparición del programa Nacional de Fortalecimiento para la Seguridad Pública (Fortaseg), y recorte al Fortamun, Michoacán podría quedarse sin 202 millones de pesos para las instituciones de seguridad, además de que pone en riesgo la implementación del modelo de justicia cívica en los municipios. 

El proyecto de presupuesto 2021 no prevé “como no se previó el año pasado”, el recurso Fortaseg. De mantenerse así, se estaría disminuyendo un ingreso para las instituciones de seguridad pública de diez”, cifra que representa un aproximado de 162 millones de pesos, dijo en entrevista la secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Lilia Cipriano Ista. 

Ante dichos recortes, el Gobierno de Michoacán tendría que darles el soporte económico a los municipios, a fin de que logren cumplir las metas de fortalecer a sus policías con mejoras salariales, reclutamiento, evaluación, acreditación y certificación, que exige el Secretariado Ejecutivo Nacional. 

No obstante, el esfuerzo por atender esta necesidad no podría satisfacerse plenamente porque “el Fortamun también lleva un recorte del 1.7 por ciento, que significa dejar de recibir aproximadamente 40 millones de pesos, que no es suficiente para las instituciones y seguridad pública, certificación de policías y justicia cívica”, añadió la funcionaria estatal.

Este recorte presupuestal podría poner en riesgo la implementación del modelo de justicia cívica, que ya es obligatorio para todos los ayuntamientos y que tiene como objetivo resolver en juzgados municipales los problemas de convivencia que no sean delitos penales.

Para ello, los ayuntamientos deben someter a sus cabildos a la capacitación, que les permita comprender el modelo y en consecuencia legislar, contratar abogados para los juzgados, personal administrativo. 

También deben edificar, adquirir equipo tecnológico, cámaras y jueces que resuelvan las controversias entre vecinos y las autoridades locales.