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MORELIA, Mich., 17 de diciembre de 2025.- Tras el anuncio del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla que por decreto eliminarán las multas de tránsito en la geografía estatal, organizaciones civiles esta medida deja en situación de vulnerabilidad a la población que “históricamente ha sido víctima de imprudencias, malos hábitos y dinámicas erróneas en la vía pública”.
El pronunciamiento expuesto por Visibilízate Michoacán AC, Jane’s Walk Morelia y otras tres organizaciones aseguraron que eliminar las multas sin contar previamente con un sistema sólido, confiable de regulación vial representa un riesgo grave para la seguridad.
“Lejos de consolidar un enfoque preventivo y de seguridad, esta medida deja en situación de vulnerabilidad a una población que históricamente ha sido víctima de imprudencias, malos hábitos y dinámicas erróneas en la vía pública.”.
Además de exigir un sustento técnico de la propuesta, aseguran que el riesgo se agrava al considerar que el 87 por ciento de los municipios no cuentan con un Reglamento de Tránsito; además advierten de que se pueda profundizar el desorden vial aunado a que lamentan que se implemente esta medida porque no hay países en el mundo que elimine las multas de tránsito.
Ya que precisan que las multas de tránsito “disuaden conductas que provocan alrededor del 90 por ciento de los hechos viales, como el exceso de velocidad, conducir bajo los efectos de sustancias y no utilizar equipo de seguridad como cinturón o casco. Las multas también contribuyen a generar entornos protectores para los grupos prioritarios de la vía: personas peatonas, usuarias de movilidad activa como ciclistas y triciclos, así como personas usuarias del transporte público, quienes enfrentan cotidianamente mayores riesgos en calles diseñadas y operadas con una lógica centrada en el automóvil.”
Finalmente, también que el estudio técnico se respalde con un programa claro y operativo, vinculado a la Estrategia Estatal de Movilidad, que explique cómo se implementará este nuevo enfoque y quiénes serán las autoridades responsables de su ejecución.




