MORELIA, Mich., 30 de agosto de 2018.- Una iniciativa de ley para que los recursos que se obtengan por multas a los servidores públicos que no cumplan con la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales se destine a fomentar la cultura de la transparencia, será presentada al Congreso del Estado por el presidente del Imaip, Daniel Chávez García.

El presidente del organismo autónomo señaló que actualmente la ley no especifica un destino específico para esos recursos adicionales que ingresen al erario, ya que es la Secretaría de Finanzas y Administración es la facultada para retener directamente de los salarios de quienes no cumplan con la ley, pero no existe un mecanismo para que se transfieran al Imaip.

Luego de varias prórrogas para la aplicación de la ley, a partir de la próxima semana el Imaip podrá empezar a imponer sanciones económicas a los responsables de proporcionar la información que de oficio debe ser pública en las páginas web de los tres poderes del Estado, los organismos autónomos, los partidos políticos, los sindicatos y organizaciones no gubernamentales que manejen recursos públicos.

Este fin de mes se cumplen los 30 días que tenían de plazo los sujetos obligados para atender las observaciones que les hizo el personal del Imaip durante la verificación de cumplimiento de la ley y de no haberlo hecho se procederá a aplicar sanciones económicas.

Hasta ahora, no se ha impuesto ninguna multa, pero se han realizado medidas de apremio para que se entregue la información solicitada por los ciudadanos y amonestaciones públicas por no hacerlo, aunque reconoció que no han sido tan públicas porque si bien están consignadas en la página del Imaip, no se les ha dado la difusión requerida como sanción.

Chávez García señaló que ahora que ya está vigente la ley el Imaip está obligado a continuar con esas sanciones, la aplicación de multas y dar vista a la Secretaría de Contraloría y a la Auditoría Superior de Michoacán en caso de incumplimiento de las obligaciones o la violación de la ley por parte de los servidores públicos para que, si es el caso, pueda iniciarse proceso de inhabilitación.