Votarán ley contra jefes abusivos en el servicio público de Michoacán
MORELIA, Mich., 21 de mayo de 2025.- El Congreso de Michoacán podría dar un paso legislativo importante contra la violencia institucional este miércoles, al discutir en el Pleno una reforma que busca tipificar como abuso de funciones el acoso sexual, el hostigamiento y otras formas de agresión ejercidas por servidores públicos desde posiciones de poder.
La propuesta fue presentada por la diputada de Morena Giulianna Bugarini Torres y dictaminada favorablemente por la Comisión de Justicia; el documento plantea reformar el artículo 57 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para incorporar con precisión nuevas hipótesis de faltas graves.
Entre ellas se encuentran la utilización arbitraria del cargo para obtener beneficios personales o perjudicar a terceros, y el uso del puesto para ejercer violencia sexual, simbólica o psicológica
La iniciativa parte del diagnóstico de que los marcos normativos actuales son insuficientes para sancionar estas prácticas, ya que carecen de una tipificación específica que permita identificar y castigar a quienes incurren en ellas.
Además, reconoce que las víctimas enfrentan múltiples barreras para denunciar, debido al temor a represalias y la ausencia de protocolos eficaces de protección.
La Comisión de Justicia respaldó y amplió el enfoque de la propuesta original, al considerar procedente que también se sancione como abuso de funciones la explotación laboral, las exigencias desmedidas y la generación de entornos laborales hostiles.
Esta visión incorpora elementos de violencia estructural que, aunque comunes en espacios institucionales, permanecen normalizados y muchas veces impunes.
En caso de que la reforma sea aprobada por el Pleno, las nuevas disposiciones permitirán sancionar administrativamente a funcionarios y funcionarias que ejerzan este tipo de conductas, bajo el argumento de que vulneran no sólo la ética del servicio público, sino los derechos fundamentales de sus subordinados y colegas.
El proyecto establece que estas conductas serán castigadas conforme a la normatividad aplicable, con el propósito de erradicar la violencia, garantizar el respeto a los derechos humanos y promover una cultura institucional basada en la legalidad, la dignidad y la igualdad.
