Retoman en 2026 propuestas de ley de desaparecidos frenada en 2023

MORELIA, Mich., 21 de octubre de 2026.- La Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Michoacán pudo entrar en vigor desde 2023, pero las observaciones del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla frenaron el decreto aprobado por el Congreso. Tres años después, la legislación finalmente aprobó una ley en dicha materia, la misma que es impulsada por Morena.

La comparación entre la iniciativa presentada por la diputada en la 75 Legislatura y el dictamen avalado el 14 de octubre de 2026 muestra coincidencias en herramientas para la identificación de personas fallecidas, el manejo de información forense y la participación de las familias en las labores de búsqueda.

Una de las coincidencias más concretas está en el ámbito forense: la propuesta de la entonces diputada, activista y madre buscadora, Margarita López, contemplaba que los servicios periciales y forenses, así como las autoridades que tuvieran bajo resguardo cuerpos o restos humanos sin identificar, practicaran pruebas dactiloscópicas y genéticas y enviaran sus resultados para alimentar los bancos de datos correspondientes.

El dictamen aprobado este mes también establece obligaciones para integrar, actualizar e interconectar información forense. Sus artículos 18, 20 y 21 contemplan el resguardo y registro de cuerpos, el acceso a bases de datos y la realización de pruebas para avanzar en su identificación.

Otra coincidencia aparece en la planeación de las búsquedas. El artículo 112 del nuevo dictamen establece un Programa Estatal de Exhumaciones e Identificación Forense que debe incluir información sobre cuerpos sin identificar, panteones, cementerios y sitios de inhumación clandestina, además de estrategias de exhumación, recursos y mecanismos de participación de familiares y colectivos.

La propuesta de Margarita también incluía disposiciones relacionadas con la búsqueda e identificación forense, el acceso a registros y la intervención de las familias. Estos puntos permiten identificar antecedentes legislativos concretos, aunque las coincidencias por sí mismas no acreditan que el dictamen de 2026 haya copiado su iniciativa, pues algunas medidas también responden a obligaciones previstas en la legislación general.

Sin reconocimiento al trabajo previo

En los pronunciamientos públicos revisados sobre la aprobación de octubre, el reconocimiento estuvo en la iniciativa impulsada por Belinda Iturbide, las mesas de trabajo con colectivos y la armonización con las reformas federales de 2025. No se destacó de manera equivalente el antecedente de Margarita López ni el decreto que el Congreso ya había aprobado tres años antes.

La diferencia es relevante porque la discusión legislativa sobre herramientas forenses y búsqueda no comenzó en 2026: parte de esas medidas ya estaba presente en la propuesta de 2021 y en el proceso legislativo que culminó con el decreto 459.

Observaciones frenaron la primera propuesta.

En octubre de 2023, el Congreso aprobó el Decreto Legislativo 459, que integró propuestas legislativas en materia de búsqueda, incluida la de Margarita López. Sin embargo, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla remitió observaciones el 9 de noviembre de ese año, por lo que la ley no entró en vigor en los términos aprobados por el Legislativo.

La falta de entrada en vigor mantuvo pendiente la legislación estatal, mientras las familias y colectivos continuaron exigiendo herramientas para localizar a personas desaparecidas e identificar restos humanos.

En marzo de 2026, Belinda Iturbide presentó una nueva iniciativa, que fue revisada por la Comisión de Justicia. El Congreso la aprobó el 14 de octubre con 27 votos, tras un proceso que, de acuerdo con la legisladora, incluyó la participación de ocho colectivos de búsqueda.

La ley finalmente avalada contempla, entre otras medidas, el Banco Estatal de Datos Forenses y el Programa Estatal de Exhumaciones e Identificación Forense. Ambas herramientas tienen antecedentes en la discusión legislativa de años anteriores, incluida la iniciativa de Margarita López y el decreto que quedó frenado tras las observaciones del Ejecutivo estatal.

Ante esta aprobación, la exdiputada, López Pérez amagó con la impugnación de esta ley, en cuanto sea publicada en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán.