Plantea Bugarini sanción penal por quitarse el condón sin aviso

MORELIA, Mich., 25 de febrero de 2026.- La diputada local de Morena, Giulianna Bugarini Torres, presentó una iniciativa para reconocer y tipificar en Michoacán la práctica conocida como stealthing, el retiro o daño del preservativo sin consentimiento durante una relación sexual previamente acordada, como una modalidad de violencia sexual.

Desde tribuna, la legisladora sostuvo que el consentimiento “no es un formalismo jurídico”, sino “el núcleo mismo de la dignidad humana” y el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, la sexualidad y el proyecto de vida. 

La morenista argumentó que el derecho penal tradicionalmente ha centrado su atención en la violencia física, pero que hoy los estándares constitucionales e internacionales obligan a reconocer formas de agresión basadas en el engaño y la imposición de riesgos no consentidos.

“La violencia no siempre grita, a veces se esconde en el engaño, en la manipulación, en la ruptura unilateral de condiciones claramente pactadas”, afirmó.

La propuesta plantea dos ejes concretos: incorporar esta conducta en la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán y adicionar el artículo 167 bis 1 al Código Penal para establecer una sanción específica.

Bugarini defendió que no se trata de crear un delito “por moda legislativa”, sino de cerrar una laguna normativa, pues actualmente esta práctica podría intentar encuadrarse en figuras como abuso sexual o peligro de contagio. “No criminaliza la sexualidad, la protege”, dijo.

En su exposición, subrayó que la práctica afecta de manera desproporcionada a las mujeres en un contexto de desigualdad estructural y sostuvo que el silencio, el engaño o la manipulación no constituyen consentimiento. “En Michoacán el consentimiento es la base de toda relación sexual; sin él hay violencia”, enfatizó.

La legisladora reconoció que no existen cifras oficiales sobre este tipo de agresión en la entidad, pero aseguró que hay “experiencias personales de cientos de mujeres” que hoy no encuentran respaldo jurídico claro.

La iniciativa fue suscrita por diputadas y diputados de distintas bancadas y turnada a las comisiones de Justicia, y de Igualdad Sustantiva y de Género para su estudio, análisis y eventual dictamen.

Más allá del debate jurídico, la propuesta abre una discusión de fondo sobre hasta dónde debe extenderse la tipificación penal en materia de consentimiento sexual y cómo garantizar que su aplicación no dependa únicamente de la interpretación judicial. 

El tema ahora quedará en manos de las comisiones, donde se medirá tanto la viabilidad técnica como el alcance político de la reforma.