Necesario promover valores sociales para combatir violencia de género

MORELIA, Mich., 1 de septiembre de 2017.-  La sociedad moderna por paradójico que parezca, muestra cada vez más retraso respecto a la enseñanza y práctica de valores sociales, así como el respeto entre unos y otros, provocando el crecimiento de delitos como la trata de personas y la violencia de género, aseguró la diputada del PAN Andrea Villanueva, señala un comunicado de prensa.

Como integrante de la Comisión de Derechos Humanos y en el marco de su Segundo Informe, Villanueva Cano explicó que durante este periodo hizo uso de la Máxima Tribuna del Estado para alzar la voz y exigir a las autoridades responsables, hacer más eficiente la atención para las mujeres víctimas de violencia, instaurar mejoras como el alumbrado y la recuperación de espacios públicos para prevenir ataques contra cualquier michoacana.

Asimismo, propuso la instauración de capacitaciones y fiscalías especializadas en las corporaciones policíacas, dando con ello el respaldo necesario ante las diversas denuncias recibidas de familias que expresaban su inconformidad ante las ineficientes medidas de protección para las víctimas de violencia de género.

Como parte de este esfuerzo, la legisladora local también propuso la intensificación de campañas preventivas sobre el delito de trata, toda vez que de manera alarmante, la cifra de mujeres, niños y jóvenes que han denunciado ser víctimas a través de las redes sociales de este delito, va en aumento en nuestro estado.

Derivado de lo anterior, la legisladora al saludar a los morelianos durante los recorridos  que realiza como parte de su Informe, invita a la población a reforzar la enseñanza de valores en familia, pues también se presenta el fenómeno de violencia de género por relaciones tradicionales de dominación y subordinación.

Por último, la legisladora del Partido Acción Nacional, refirió que estas formas de violencia podrán eliminarse únicamente con el compromiso de la educación en valores de la familia, así como con el trabajo coordinado de los poderes Legislativo para proponer normativas de prevención y castigo, y del Ejecutivo para que las implemente con eficacia e informe de sus resultados.