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MORELIA, Mich., 12 de noviembre de 2025.- La propuesta de Movimiento Ciudadano para solicitar la desaparición de poderes en Michoacán enfrenta un límite constitucional y un contexto político que, para el abogado constitucionalista Gumesindo García Morelos, todavía no alcanza ese umbral.
En entrevista con Quadratín, el académico de la Universidad Michoacana y defensor de derechos humanos advirtió que esta figura es una atribución extraordinaria y estrictamente política del Senado, pero también un escenario extremo que debe analizarse con rigor jurídico y responsabilidad institucional.
García Morelos recordó que la Constitución establece el procedimiento en el artículo 76, mientras que el artículo 110 señala que la resolución del Senado no admite control judicial.
Señaló que Michoacán ya vivió desapariciones de poderes en el siglo pasado, documentadas por Manuel González Oropeza en su obra La desaparición de poderes, de Editorial UNAM.
El jurista sostuvo que, pese a la crisis de seguridad y al deterioro institucional, los tres poderes del Estado aún funcionan en lo formal, por lo que no se cumple el supuesto extremo que requiere el Senado para intervenir.
Sin embargo, alertó que el estado se encuentra en el último escalón previo a que ese escenario pudiera actualizarse si no se corrigen fallas profundas en la operación gubernamental. Consideró que una desaparición implicaría un punto de quiebre en Michoacán que todavía puede evitarse.
En su diagnóstico, el abogado destacó que fortalecer las instituciones, la participación democrática y la protesta pacífica es indispensable para enfrentar la crisis.
Añadió que la autoridad debe frenar abusos de poder, particularmente en materia de seguridad pública, y demostrar con hechos que las políticas públicas son efectivas y medibles.
Omisión del Congreso del Estado
García Morelos añadió que existe un elemento central en la discusión. Recordó que el artículo 119 de la Constitución obliga al Congreso del Estado a solicitar la intervención de las fuerzas armadas a través del Ejecutivo federal en situaciones como las que enfrenta Michoacán y en particular Uruapam tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo Rodríguez.
Indicó que el Congreso no lo hizo y que ello constituye una omisión grave, pues es garante del federalismo y protector político de los municipios.
Movimiento social y malestar público
Al ser consultado sobre el ascenso del movimiento social surgido tras el homicidio de Manzo, conocido como la Sombreriza, García Morelos señaló que se trata de una expresión plural que refleja el hartazgo ante la inseguridad y el vacío de respuestas efectivas del Estado.
Aunqu dijo que algunas posturas deberán revisarse, consideró que el balance es más positivo que negativo debido a la capacidad de articular inconformidades dentro y fuera del país.
Libertad de expresión y abusos policiales
El abogado también retomó el caso de agresión policial que enfrentaste en el ejercicio periodístico y lo vinculó al deterioro institucional. Afirmó que estos hechos evidencian la urgencia de corregir excesos de fuerza y prácticas de ocultamiento.
Explicó que, además del amparo, existen vías ante organismos internacionales como la Relatoría para la Libertad de Expresión de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
García Morelos concluyó que Michoacán vive una etapa crítica y que la prioridad debe ser fortalecer instituciones, garantizar derechos sociales y evitar discursos triunfalistas que dañan al estado en un momento en que la confianza pública es frágil y el desgaste institucional es evidente.




