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MORELIA, Mich., 3 de septiembre de 2026.- Alrededor de 70 por ciento de las empresas atendidas por su firma carece de protocolos, reglamentos actualizados o mecanismos suficientes para prevenir violencia y atender factores psicosociales en el trabajo, advirtió el abogado Luis Fernando Rodríguez Vera, quien señaló que la salud mental se perfila como una responsabilidad cada vez mayor para los empleadores.
En rueda de prensa, precisó que el dato corresponde exclusivamente al universo de aproximadamente 100 empresas que asesoran al año y no constituye una estadística general del sector empresarial.
“Un 30 que sí y un 70 que no, que no cumple, por eso es muy dispar la balanza”, explicó Rodríguez Vera, al señalar que las mayores deficiencias se observan en empresas pequeñas, mientras que las de mayor tamaño suelen presentar niveles superiores de formalidad y cumplimiento.
El especialista sostuvo que estrés, ansiedad, trastornos del sueño y burnout han dejado de ser asuntos ajenos a las relaciones laborales, debido a su impacto en el desempeño de los trabajadores y a las obligaciones que deben asumir los centros de trabajo para identificar y prevenir factores de riesgo psicosocial.
“Hoy la salud mental ya deja de ser una condición de bienestar para ya convertirse en una condición empresarial, una obligación patronal que tenemos que cuidar mucho con nuestros empleados”, señaló.
Rodríguez Vera indicó que el problema también comprende ambientes laborales donde se han normalizado conductas de violencia, discriminación o trato inadecuado entre compañeros, por lo que las empresas deben contar con protocolos de no discriminación y eliminación de la violencia, además de documentar las acciones de capacitación realizadas.
Advirtió que las áreas de recursos humanos tendrán que ir más allá de las tareas administrativas y prestar mayor atención a las condiciones en que se desempeñan los trabajadores, particularmente ante problemas de estrés, agotamiento y burnout.
Reconoció, sin embargo, que todavía resulta difícil medir cuántos conflictos judiciales derivan específicamente de afectaciones a la salud mental. Explicó que buena parte de las demandas aparecen estadísticamente como despidos injustificados, sin detallar si detrás existieron discriminación, violencia, estrés u otras circunstancias laborales.
“El nivel de demandas es muchas, sí, pero pocas son por temas de discriminación o por algún acto de violencia derivado de mi trabajo”, apuntó.
Para Rodríguez Vera, uno de los principales obstáculos es que los propios trabajadores no siempre identifican que determinadas afectaciones pueden estar relacionadas con su entorno laboral, mientras que algunas empresas tampoco cuentan con capacitación o herramientas para detectarlas.
En este escenario, consideró que el reto será construir centros de trabajo capaces de prevenir riesgos psicosociales y mejorar sus prácticas internas, pues la salud mental comienza a ocupar un lugar central en las nuevas relaciones entre patrones y trabajadores.




