Con voto en contra de PAN-PRI-MC, aprueban Ley Judicial en Michoacán

MORELIA, Mich., 25 de junio de 2025.- Con 30 votos a favor y siete en contra, de las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, el Congreso de Michoacán aprobó la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, una norma que redefine la estructura interna del Poder Judicial estatal.

La norma, avalada en lo general y en lo particular, la tarde de este miércoles en sesión pública, tuvo el respaldo de Morena, PT, PVEM y PRD, así como del diputado independiente Carlos Alejandro Bautista Tafolla, mientras que la oposición alegó un proceso apresurado que no permitió el debate.

La discusión se desarrolló tras dispensarse la segunda lectura del dictamen, en lo que en varias ocasiones se tuvo que confirmar el cuórum, puesto que durante la lectura, que se prolongó durante horas, de pronto se notaba el salón de sesiones casi vacío.

A la hora del debate, el diputado Toño Carreño, de Movimiento Ciudadano, fue el único legislador en subir a tribuna en contra del dictamen. Cuestionó que una ley de tal magnitud se aprobara “en menos de 48 horas”, sin el tiempo ni las condiciones para una revisión responsable. “Esto no solo impacta a las personas juzgadoras, sino a los trabajadores del Poder Judicial y a los equilibrios de poder en Michoacán”, advirtió.

Desde el PRI, el diputado Guillermo Valencia recordó que su bancada y el PAN sí dieron la batalla durante la reforma constitucional aprobada en noviembre de 2024, pero que en esta ocasión no se abrieron los espacios suficientes para una discusión amplia. "Llegará el día en que el tiempo nos dé la razón", sentenció.

En defensa del dictamen, el diputado Baltazar Gaona, del PT, subrayó que la iniciativa fue trabajada durante 120 días por la Comisión de Justicia y sus equipos técnicos. Señaló que cualquier legislador pudo participar, aún sin formar parte formal de la comisión. “Todas las leyes son perfectibles. Esta no está escrita en piedra”, dijo.

La diputada Ana Belinda Hurtado, de Morena, reconoció que el dictamen se aprobó “exactamente igual como lo mandó el Congreso de la Unión”, sin modificaciones en comisiones. Emma Rivera Camacho también votó a favor, aunque se pronunció contra la restricción de edades para acceder a cargos judiciales, que se fijó entre 20 y 60 años.

El dictamen fue aprobado con la siguiente distribución de votos: 30 a favor, 7 en contra y cero abstenciones. Durante la votación en lo particular se presentaron cinco reservas que fueron aprobadas por mayoría.

El artículo 66, fracción primera, fue reservado por la diputada Belinda Iturbide (Morena), quien propuso una redacción que evitara confusiones al referirse a los tribunales de enjuiciamiento.

Señaló que el texto original aludía únicamente a tribunales colegiados, cuando en realidad también existen tribunales unitarios. Su propuesta ajustó el lenguaje para evitar la exclusión de estos últimos.

El artículo 91, fracción I, fue modificado por propuesta del diputado Salvador Mendoza (Morena), quien propuso eliminar dicha fracción, que establecía que el Pleno del Órgano de Administración Judicial elegiría a su presidencia, por ser contradictoria con el artículo 96, donde se indica que dicha función la ejercerá directamente la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia. También propuso reordenar las fracciones siguientes sin alterar su contenido.

El artículo 194, fracción tercera, fue ajustado por el diputado David Martínez (PT), quien presentó una modificación de redacción técnica, sin que se abriera debate sobre su contenido.

El artículo 19 transitorio fue reformulado también por David Martínez para establecer que la Comisión Interinstitucional de Transición lleve a cabo sus funciones en forma coordinada, en lugar de ordenada, con el objetivo de enfatizar la participación equilibrada de los tres Poderes del Estado. Se mantiene que la comisión estará integrada por un representante del Ejecutivo, uno del Legislativo y uno del Judicial.

El artículo 21 transitorio fue adicionado por propuesta del diputado Marco Polo Aguirre Chávez, de la Representación Parlamentaria, para establecer que “se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto”. Aunque provino de la oposición, la propuesta fue aceptada con 29 votos a favor y 6 en contra.

Antes de emitir su voto a favor, el diputado Juan Antonio Magaña de la Mora advirtió una posible antinomia entre el artículo 20 transitorio, que permite el uso del Fondo Auxiliar para el pago de indemnizaciones, y la ley especial que regula dicho fondo. Pidió tener en cuenta esta colisión normativa para evitar conflictos jurídicos.

La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial sustituye a la anterior legislación y establece las bases del nuevo modelo judicial derivado de la reforma constitucional de 2024.

Define la integración del Supremo Tribunal de Justicia, el Tribunal de Disciplina Judicial, el Órgano de Administración Judicial, así como los juzgados de primera instancia, menores y comunales. También regula la elección, adscripción, evaluación y responsabilidades de los jueces y magistrados electos por voto ciudadano el pasado 1 de junio.

Se prevé que las personas electas asuman funciones el próximo 15 de septiembre. Para ello, la Comisión Interinstitucional de Transición deberá preparar el proceso de entrega-recepción, con apenas 80 días de margen.

Aunque la ley fue aprobada, las críticas de fondo y forma marcaron el debate. La mayoría calificó el proceso como exitoso. La oposición, como advertencia, dejó claro que esto no termina aquí.