El 27, oportunidad para alinear a Morelia a la 4T: Gladyz Butanda
MORELIA, Mich., 9 de octubre de 2026.- México carece de herramientas legales suficientes para impedir la intervención del crimen organizado en las elecciones de 2027, advirtió el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, quien señaló al financiamiento irregular de las campañas como una de las principales vías de penetración criminal en la política.
En entrevista con el periodista Francisco García Davish, para Quadratín, cuestionó la proliferación de campañas anticipadas y disfrazadas, financiadas con recursos de origen desconocido, cuyos patrocinadores eventualmente cobran los favores políticos.
"Mientras no regulemos el financiamiento de las campañas, va a ser muy difícil autonomizar a las instituciones del crimen", advirtió Máynez, quien denunció campañas ilegales de Morena y recordó que MC propuso anular elecciones ante asesinatos de candidatos: "lamentablemente Morena no escuchó".
El dirigente emecista reconoció que las disposiciones constitucionales y electorales vigentes son insuficientes para impedir la infiltración criminal y lamentó que ya no exista tiempo para concretar las reformas necesarias antes de los comicios de 2027.

Recordó que MC impulsó una propuesta surgida de la sociedad civil para anular las elecciones cuando un candidato fuera asesinado por el crimen organizado, pero aseguró que Morena no atendió el planteamiento.
Álvarez Máynez advirtió que la intervención criminal en los procesos electorales ha alcanzado niveles particularmente graves, al pasar de mecanismos de intimidación para impedir la participación política al asesinato de candidatos.
Recordó que Movimiento Ciudadano ha enfrentado estos crímenes en Guanajuato, Sonora y Veracruz, y cuestionó que la violencia electoral se haya normalizado pese a sus consecuencias para la democracia.
Ante la imposibilidad de modificar oportunamente las reglas electorales, consideró indispensable que las fuerzas políticas asuman una actuación responsable para evitar que el crimen organizado continúe condicionando las elecciones y la autonomía de las instituciones.




