Buscan obligar al Estado a llevar deporte a zonas violentas de Michoacán

MORELIA, Mich., 12 de abril de 2026.- En comisiones unidas de Juventud y Deporte y de Igualdad Sustantiva del Congreso de Michoacán se analiza una reforma que busca convertir el acceso al deporte en una obligación operativa del Estado, con enfoque en zonas con alta incidencia de violencia, aunque el propio documento no identifica sitios específicos.

El planteamiento parte de un giro en la política pública, dejar de tratar el deporte como actividad complementaria y establecerlo como intervención territorial obligatoria en colonias y comunidades con mayores riesgos sociales. Esto implicaría que autoridades estatales y municipales deban integrar programas deportivos comunitarios en sus planes de gobierno, con recursos, metas y ejecución en campo.

El diagnóstico reconoce la problemática de violencia y reclutamiento juvenil, pero no delimita geográficamente las zonas prioritarias, lo que deja abierta la definición de dónde se intervendrá y bajo qué criterios.

Uno de los cambios centrales es que estos programas no serían generales, sino focalizados. La iniciativa establece que deben dirigirse prioritariamente a niñas, niños, adolescented y jóvenes en contextos de vulnerabilidad, lo que en los hechos obligaría a intervenir en territorios específicos donde hoy la presencia institucional es limitada o inexistente.

Para operar esta política, se propone crear la figura de la Persona Activadora Deportiva Profesional, encargada de implementar, dar seguimiento y evaluar los programas, lo que introduce por primera vez perfiles definidos y mecanismos de profesionalización en la ejecución de la política deportiva.

La reforma también plantea una reconfiguración institucional, al obligar la coordinación entre instancias de deporte, prevención del delito y seguridad pública, integrándolas en una misma estrategia. Esto busca superar el esquema actual, donde las acciones se realizan de forma aislada y sin impacto medible.

Además, incorpora la perspectiva de género al vincular la activación deportiva con la prevención de la violencia contra las mujeres, lo que amplía el alcance de la política más allá del ámbito juvenil.