Atorada, designación de contralor del Judicial; Congreso no responde

MORELIA, Mich., 2 de junio de 2019.- Si el Congreso del Estado no da la oportunidad al Poder Judicial de reponer el proceso para la designación de su contralor interno, tendría que hacer una interpretación de la norma jurídica para establecer que procedimiento que se va a seguir, afirmó el presidente del Consejo del Poder Judicial, Héctor Octavio Morales.

El magistrado dijo que el nombramiento está atorado desde octubre de 2018 porque la convocatoria emitida se tuvo que declarar desierta debido a que ninguno de los aspirantes alcanzó la calificación idónea establecida para aspirar al cargo y la reposición del procedimiento rebasaba el tiempo establecido en la ley, motivo por el que solicitó una prórroga al Congreso del Estado, que no ha tenido respuesta hasta la fecha.

“Esto fue simplemente por cumplir con el requisito de que sea una gente muy capaz porque viene a cuidarnos en el uso de los recursos y yo estoy totalmente de acuerdo en que alguien nos vigile porque no es dinero de nosotros, es dinero del pueblo.

“Nosotros como Poder, pensamos que los ciudadanos deben tener la garantía de que los recursos son bien manejados, lo que no quiere decir que tengamos abandonada esa área, tenemos un contralor al que precisamente todos estos aspectos de la vigilancia se le están trasladando a él, pero tenemos que cumplir con la ley y designar uno en los términos que marca la ley”.

En ese sentido dijo que el Congreso del Estado tiene que contestarles si pueden o no hacerlo fuera del plazo establecido y aunque se ha insistido ante la Mesa Directiva y aparentemente hay disposición de apoyarlos, pero desafortunadamente las actividades legislativas les han impedido revisar el tema y tomar una determinación.

Adelantó el magistrado que solicitará una entrevista con el presidente de la Mesa Directiva, José Antonio Salas para solicitarle su apoyo y en caso de que le diga que el Legislativo ya no puede hacer nada es que tendrían que hacer una interpretación de la norma.

Consideró que a la sociedad no le interesa que se designe a cualquier persona como contralor sino una que realmente represente sus intereses, con las capacidades suficientes para hacerlo, que auxilie al Poder Judicial y vigile el debido ejercicio del presupuesto.