Aprueban reforma sobre apología del delito en Michoacán

MORELIA, Mich., 28 de mayo de 2025.- Entre protestas y tras un intenso y prolongado debate, el Congreso de Michoacán aprobó este martes reformas al Código Penal que tipifican como delito la apología del crimen organizado, la provocación pública a cometer delitos y la promoción de grupos delictivos.

En sesión pública, la mayoría de Morena, PVEM, PRD e independientes aprobaron el dictamen, con 24 votos a favor, nueve en contra y dos abstenciones, elaborado por la Comisión de Justicia, que enfrentó el repudio del gremio periodístico y reproches de PAN y PRI de falta de apertura al debate en un parlamento abierto.

La inclusión de una reserva al artículo 163, propuesta por la diputada Sandra Arreola, del Partido Verde, fue decisiva para lograr la mayoría legislativa. La modificación aprobada por 29 votos a favor y seis abstenciones establece que quedarán exceptuados de responsabilidad penal “quienes informen en cualquier medio de comunicación, en el legítimo ejercicio de su profesión u oficio periodístico, atendiendo al derecho a la información”.

La discusión fue inaugurada por la diputada del PAN, Vanessa Caratachea, quien subió a tribuna para fijar un voto en contra “de manera firme y fundada”.

Denunció que el dictamen está redactado de forma ambigua y subjetiva, y advirtió que “se abre la puerta a sancionar expresiones ciudadanas, académicas o culturales”.

Para Caratachea, el uso del derecho penal como herramienta simbólica refleja desesperación legislativa y no convicción.

“Con esta iniciativa se vulneran principios básicos del Estado de Derecho. No se castigan conductas delictivas, se persiguen ideas”, sostuvo.

Agregó que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, presidida por ella, no fue convocada a analizar el dictamen, a pesar de que la iniciativa afirma tener impactos benéficos sobre niñas, niños y adolescentes.

“Esta omisión no sólo constituye una falta de respeto institucional, sino que es sumamente preocupante para la integración y pluralidad del proceso legislativo”, sentenció.

La coordinadora del PAN, Teresita de Jesús Herrera, acusó que se pretende castigar a ciudadanos que documenten lo que ocurre en las calles y advirtió que la iniciativa es una señal de alerta para la democracia.

“La prensa se siente acosada, amedrentada, censurada”, dijo, al tiempo que recordó que el dictamen no fue acompañado de ningún estudio técnico ni jurídico que sustentara la necesidad de la reforma.

“La mayor apología del delito se llama impunidad. Se llama indiferencia entre las atrocidades. Se llama cerrar las puertas a las madres buscadoras. Ese es el verdadero delito: darle la espalda a las y los michoacanos”, expresó desde tribuna.

Diputadas de Morena respondieron que la reforma no busca castigar opiniones ni géneros musicales, sino frenar la glorificación pública del crimen.

Aunque votó a favor del dictamen, el diputado de Morena Juan Carlos Barragán afirmó que informar no es delinquir, criticar no es incitar y pensar diferente no es un crimen.

Sin embargo, defendió que la incitación directa y comprobable sí debe sancionarse, aunque sin ambigüedades ni criterios abiertos a interpretación.

“La solución no puede ser la censura. La libertad de expresión no puede convertirse en la nueva víctima”, alertó.

El diputado del PT, Baltazar Gaona, insistió en que quienes han estado realmente en contra de la prensa han sido los gobiernos del PRI y del PAN, y acusó a sus dirigencias de impulsar discursos de odio contra periodistas en el pasado.

Desde el PRI, el diputado Guillermo Valencia votó en contra, aunque desde tribuna habló a favor, pues dijo que la propuesta, aunque imperfecta, al menos es un punto de partida.

“Esto no va a resolver el problema, es algo cosmético, sí, pero era necesario comenzar”, dijo. Afirmó que, aunque la apología del delito no se configura al interpretar un corrido, sí ocurre cuando estos se acompañan de imágenes que exaltan a líderes criminales.

Valencia se comprometió públicamente a defender a los medios de comunicación si llegaran a ser perseguidos. “El día que alguien se atreva a actuar contra un medio, yo seré el primero en alzar la voz”.

La diputada de Morena, Itzé Camacho, rechazó el dictamen y denunció que su aprobación se dio “en lo oscuro y mal hecho”, sin embargo, esterilizó su voto al emitirlo en abstención.

El tono subió de intensidad cuando se acusó que el dictamen fue construido sin transparencia y sin debate abierto.

La legisladora de Morena, Sandra Olimpia Garibay, fue enfática al señalar que el dictamen vulnera el derecho a la información y al ejercicio periodístico.

“Las leyes penales no deben castigar la opinión ni la información sobre temas de interés público, incluso si resultan polémicos”, afirmó.

Citó criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sandra Olimpia también emitió su voto en abstención. Los diputados independientes, Conrado Paz y Carlos Alejandro Bautista Tafolla votaron a favor, al igual que los dos diputados del PRD, Brissa Arroyo y Octavio Ocampo.

Desde la bancada de MC, Grecia Aguilar y Toño Carreño votaron en contra, al señalar que hizo falta apertura al debate en un parlamento abierto.

La aprobación del dictamen fue defendida por legisladores de Morena y el Verde como parte de una estrategia más amplia de pacificación.

La diputada Giuliana Bugarini sostuvo que sancionar la apología del delito es parte de una política de reconstrucción del tejido social, y no un acto de censura.

En contraste, la diputada Caratachea arremetió, al señalar que el proceso legislativo excluyera voces fundamentales, y pidió no legislar desde la imposición. “Esto no necesita sólo buenas intenciones, necesita método, técnica y escucha”.

La votación final del dictamen con la reserva incorporada cerró con 29 votos a favor, 9 en contra y 6 abstenciones.

El decreto reforma el artículo 24 del Código Penal para incluir como partícipe del delito a quien exprese ideas o promueva argumentos que incentiven la criminalidad.

También se agregó el artículo 163 quinquies para sancionar con prisión de tres a seis meses y multa a quien haga apología del delito, y el artículo 163 sexies para exceptuar expresamente a quienes ejerzan el periodismo conforme al derecho a la información.