Advierten obstáculos para ejercer autonomía y derechos indígenas

MORELIA, Mich., 12 de agosto de 2026.- Pese a los avances constitucionales y jurisdiccionales alcanzados en México, persisten obstáculos para que los pueblos y comunidades indígenas ejerzan plenamente derechos como la autonomía, libre determinación, participación política, consulta y administración de recursos públicos, señalaron autoridades electorales, académicos y especialistas reunidos este miércoles en Morelia.

Durante la Mesa de Análisis Criterios, panorama y avances de los derechos de los pueblos indígenas de México, los participantes abordaron la distancia que todavía existe entre el reconocimiento jurídico de esos derechos y su aplicación efectiva en los territorios y en la vida cotidiana de las comunidades.

El encuentro, realizado en coordinación con el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (Teemich), tuvo como uno de sus puntos de partida la reforma de 2024 al artículo segundo constitucional, que amplió el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

La discusión se centró en que el desafío ya no consiste solamente en determinar cuáles derechos están reconocidos en el marco jurídico, sino cómo hacerlos efectivos, qué autoridades están obligadas a garantizarlos, qué mecanismos existen para exigir su cumplimiento y qué modificaciones institucionales son necesarias.

La presidenta del Teemich, Amelí Giselle Navarro Lepe, expuso que el avance de los derechos indígenas ha estado marcado por la resistencia de las propias comunidades, que durante años han tenido que impulsar su reconocimiento frente a ayuntamientos, autoridades estatales y las propias instituciones.

Recordó que una primera etapa de los asuntos indígenas conocidos por la justicia electoral estuvo caracterizada principalmente por controversias de comunidades frente a ayuntamientos para obtener los recursos públicos que proporcionalmente les correspondían y ejercerlos de manera directa.

La Magistrada explicó que las instituciones también han debido modificar la manera de analizar estos conflictos, debido a que la perspectiva intercultural obliga a considerar las formas de organización, sistemas normativos y cosmovisión de cada comunidad, en lugar de aplicar exclusivamente categorías construidas desde las estructuras estatales.

En ese sentido, señaló que la condición y organización de una comunidad no pueden determinarse únicamente a partir de un bando municipal o de la clasificación realizada por un ayuntamiento, sino que deben considerarse sus autoridades, asambleas, barrios, secciones y mecanismos propios para tomar decisiones.

Navarro Lepe advirtió además que las controversias han evolucionado. Si inicialmente predominaban los conflictos entre comunidades y autoridades externas, actualmente también llegan a los tribunales asuntos entre integrantes de una misma comunidad e incluso entre comunidades.

Este escenario obliga a la justicia electoral a ponderar los derechos político-electorales individuales frente a los derechos colectivos de autonomía y libre determinación, sin desconocer ninguno de ellos.

La presidenta del Teemich sostuvo que la autonomía tampoco supone que el Estado pueda desentenderse de garantizar los derechos humanos de quienes integran las comunidades. El respeto a sus sistemas normativos y formas propias de gobierno debe coexistir con la protección de los derechos individuales.

Otro de los aspectos abordados fue el acceso efectivo a la justicia y la necesidad de flexibilizar formalismos procesales, debido a que no existe un modelo único de organización indígena ni todas las comunidades adoptan decisiones mediante los mismos procedimientos.

Mientras algunas cuentan con una asamblea general como principal órgano de decisión, otras funcionan mediante barrios, secciones u otras estructuras, por lo que las instituciones deben atender las particularidades de cada caso.

Por su parte, Jennifer Martínez, rectora de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, planteó que los avances registrados en las comunidades han sido resultado de años de lucha para conseguir tanto el reconocimiento de derechos políticos como el ejercicio directo de recursos públicos.

Expuso que en Michoacán las comunidades han avanzado en esquemas de autogobierno y administración de recursos conforme a sus formas de organización, aunque persisten aspectos por fortalecer, particularmente en materia de consulta y conocimiento de las reformas que repercuten directamente en sus derechos.

También puso sobre la mesa los retos relacionados con el ejercicio y fiscalización de los recursos públicos administrados por las comunidades frente a las disposiciones de hacienda pública, contabilidad gubernamental y fiscalización.

Durante el foro se revisaron además los criterios desarrollados en materia de consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, así como aquellos relacionados con libre determinación, autonomía y participación.

El encuentro reunió a integrantes de instituciones electorales, personas juzgadoras, especialistas, académicos y representantes vinculados con el acompañamiento jurídico de comunidades, con el objetivo de revisar tanto los avances alcanzados como los pendientes para reducir la distancia entre el reconocimiento constitucional de los derechos indígenas y su ejercicio efectivo.