Advierte UIIM retos en consulta y fiscalización de recursos indígenas

MORELIA, Mich., 12 de agosto de 2026.- El ejercicio de los derechos conquistados por las comunidades indígenas enfrenta todavía retos en los procesos de consulta y en la fiscalización de los recursos públicos que administran directamente, planteó Jennifer Martínez Murillo, rectora de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (UIIM).

Durante la Mesa de análisis criterios, panorama y avances de los derechos de los pueblos indígenas de México, sostuvo que el reconocimiento alcanzado en los últimos años representa un avance respecto de las condiciones existentes hace 15 o 20 años, pero abre también interrogantes sobre la forma en que esos derechos se llevan a la práctica.

Uno de los principales desafíos, explicó, se encuentra en la administración directa de recursos públicos por parte de las comunidades y en la manera en que estos deben comprobarse y fiscalizarse de acuerdo con las reglas aplicables al gasto público.

Martínez Murillo puso sobre la mesa la necesidad de revisar cómo se articula el ejercicio de esos recursos desde las formas propias de organización comunitaria con los criterios establecidos por la legislación en materia de hacienda pública, contabilidad gubernamental y fiscalización.

El planteamiento cobra relevancia ante el avance que ha registrado Michoacán en el reconocimiento del derecho de comunidades indígenas a ejercer directamente la parte proporcional de los recursos públicos que les corresponde.

La rectora recordó que estos procesos tienen antecedentes de varios años en el estado y han sido impulsados por las propias comunidades mediante sus formas de organización, resistencia y exigencia de derechos.

Señaló que el acceso a los recursos públicos, al igual que otros derechos políticos de los pueblos originarios, no puede explicarse únicamente a partir de las reformas legales, pues ha estado precedido por movilizaciones y procesos comunitarios encaminados a conseguir su reconocimiento.

A partir de la reforma constitucional de 2024, consideró que existe un fortalecimiento del reconocimiento de los pueblos y comunidades originarias, así como de las posibilidades para ejercer atribuciones y recursos directamente.

No obstante, advirtió que la existencia de nuevas disposiciones jurídicas no significa que su aplicación esté resuelta, particularmente cuando se trata de compatibilizar la autonomía comunitaria con las obligaciones que derivan del manejo de dinero público.

Martínez Murillo también centró su intervención en las consultas a las comunidades indígenas, ámbito en el que señaló deficiencias y aspectos que todavía deben atenderse.

Planteó que uno de los puntos fundamentales consiste en determinar hasta qué grado las personas integrantes de las comunidades están enteradas de las reformas que se someten a consulta, conocen sus alcances y comprenden de qué manera pueden beneficiarles o modificar el ejercicio de sus derechos.

Desde esa perspectiva, el reto no se limita a la celebración de una consulta o a la realización de una asamblea, sino que comprende la información con la que cuentan comuneros y comuneras para participar en las decisiones relacionadas con modificaciones legales que tendrán efectos sobre su organización.

La rectora destacó que la asamblea constituye un espacio fundamental en las comunidades para la toma de decisiones y también para la vigilancia de sus propias autoridades, cuya continuidad puede ser evaluada periódicamente por la colectividad.

En este escenario, consideró necesario que el desarrollo de nuevas normas y mecanismos de consulta tenga en cuenta la manera en que funcionan las comunidades y permita que sus integrantes conozcan de manera suficiente aquello sobre lo que deberán pronunciarse.

Martínez Murillo abordó además la posibilidad de que las autoridades comunitarias establezcan convenios con instituciones federales, mecanismo que consideró favorable para ampliar la relación directa entre las comunidades y las dependencias públicas, aunque señaló que todavía requiere fortalecimiento.

En materia presupuestal, puntualizó que el reconocimiento del ejercicio directo de recursos no necesariamente implica la creación de nuevas bolsas de dinero para las comunidades, sino la asignación de una parte de recursos públicos que anteriormente era administrada desde otros ámbitos de gobierno.

La titular de la UIIM ubicó estos retos dentro de un proceso más amplio de reconocimiento de los derechos indígenas, en el que las reformas legales han acompañado demandas que las comunidades han sostenido durante años para ampliar su capacidad de decisión, organización y manejo de recursos.

Consideró que el avance jurídico debe ir acompañado de mecanismos que permitan a las comunidades conocer el contenido de las reformas que las afectan, participar de manera efectiva en las consultas y ejercer los recursos públicos con reglas de comprobación y fiscalización que atiendan el marco legal y las particularidades de su organización.