Aprueban indemnización por expropiación con base en avalúo comercial

MORELIA, Mich., 17 de noviembre de 2017.- Con la propuesta de que las expropiaciones de tierras y aguas por causas de utilidad pública se indemnicen con base en avalúo comercial, el pleno de la 73 legislatura aprobó enviar al Congreso de la Unión la iniciativa de reforma al artículo 27 fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El punto de acuerdo aprobado fue presentado el cuatro de mayo de 2016 por el diputado Juan Manuel Figueroa Ceja por considerar que si bien la utilidad pública debe anteponerse a la utilidad particular, muchas veces se han sacrificado los intereses ciudadanos, ejidatarios o campesinos que han sido afectados total o parcialmente en sus parcelas y su patrimonio el cual no resarce.

Actualmente las indemnizaciones por concepto de expropiaciones se hace con base en el valor catastral, lo cual es injusto y desproporcional, ya que no es suficiente que al ciudadano se le prive de manera arbitraria de su propiedad y luego se le pague una cantidad menor, al precio real, de lo que su patrimonio vale, indicó el legislador por el distrito de Jiquilpan.

El valor catastral de un inmueble lo practican las tesorerías, como la determinación de la base gravable a la propiedad raíz, para efectos de pago del impuesto predial, dentro del principio de proporcionalidad y equidad contributivas y está sujeto a las políticas que al respecto señale la autoridad en turno.

El valor comercial evalúa la reposición en costo, su rentabilidad y su comparativa al mercado de bienes similares, todos fundamentados en métodos analíticos debidamente certificados por profesionales especialistas en la materia.

El diputado del Partido Revolucionario Institucional consideró que es momento de revisar la forma en que por muchos años se ha venido dando la expropiación y actualizarla para que haya indemnización justa y equitativa en favor de los ciudadanos y que no solamente se favorezca a los intereses del Estado.

La propuesta fue aprobada y enviada al Congreso de la Unión por considerar que se trata de una reforma relevante, toda vez que cuestiona y propone una situación novedosa sobre una atribución del Estado.