MORELIA, Mich., 11 de febrero de 2019.- De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, se estima que la mayor parte de la fuerza laboral en México se encuentra en condiciones de informalidad. “Para el último trimestre del 2018, más de 30 millones de trabajadores no cuentan con la protección, prestaciones y seguridad establecidas en las leyes laborales y, por consiguiente, carecen de los derechos consagrados en el artículo 123 de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo. Esta cantidad representa en promedio más del 50 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA)”.

Así lo indicó la senadora de Morena, Blanca Piña, al participar en el foro El Papel de los Organismos Impartidores de Justicia ante los Conflictos Laborales, organizado por el congreso michoacano.

Luego de señalar que “la política laboral del neoliberalismo ha promovido el desempleo y el empleo informal”, la senadora michoacana aseguró que los especialistas del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM estiman que los niveles de desocupación no rondan el 3 por ciento de la Población Económicamente Activa como lo estiman las cifras oficiales del Inegi, sino que ascienden hasta ubicarse entre el 9 y 10 por ciento de la PEA.

“Es necesario luchar por la justicia para la clase trabajadora desde todas las instancias, desde todos los lugares, desde las calles, centros de trabajo y también desde lo congresos y claro desde el Senado. Es necesario hacer justicia al voto popular, al voto de los millones de trabajadores que el pasado 1 de julio rechazaron las reformas neoliberales y que votaron, entre otras cosas, contra la reforma laboral”, destacó.

Y agregó: “un paso para avanzar en esta ruta es echar para atrás las reformas laborales de Calderón y Peña Nieto. Debemoseliminar de la legislación laboral que legaliza figuras tan oprobiosas como la subcontratación, los contratos a prueba, contratacióninicial o por horas y la pulverización del salario”.

En ese sentido, Blanca Piña adelantó que ya se tiene una primera propuesta para cancelar la Reforma Laboral aprobada en 2012, e hizo el compromiso de  “luchar para mejorar los contratos colectivo de trabajo, mejorar salarios, concretar la histórica necesidad de incrementar la tasa de sindicalización, pugnar por desarrollar la democracia sindical y porque todos los mexicanos tengamos un trabajo digno, estable, con certidumbre laboral y todos los derechos consagrados por 200 años de lucha obrera”.