Llama diputada a destapar y sancionar la red de corrupción en Michoacán

MORELIA, Mich., 19 de febrero de 2016.- Un llamado a destapar y sancionar a la red de corrupción que provocó la crisis financiera estatal que mantiene paralizada la actividad económica por el desorden en el manejo del erario por parte del gobierno en los pasados 13 años, hizo la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Yarabí Ávila González.

“En este Congreso, desde el 2012 que se presentó el dictamen de la cuenta pública 2011 y se ordenó la realización de acciones administrativas para deslindar responsabilidades, se optó, de facto, por la opacidad y por apoyar la complicidad de quienes provocaron el mayor quebranto financiero a la hacienda pública de Michoacán, quebranto mucho mayor al que se registró en el periodo 1980-1986.

“Apostarle al olvido, per se, nunca es lo adecuado, la ciduadanía tiene en todo tiempo el derecho a ser informada como se ejerce el dinero público, es una condición democrática que se inscribe en la transparencia y en la rendición de cuentas, es cinismo asumirse en el adjetivo de demócrata y ocultar el manejo, al parecer impropio y corrupto, de los bienes de la sociedad. Ser omisos por la razón que se argumente no nos hace solidarios, nos hace cómplices y nos causa desdoro en la honorabilidad que debe caracterizar a este Congreso”.

La legisladora indicó que la reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, arroja resultados alarmantes para Michoacán, colocando a la inseguridad como principal problema, seguido del desempleo y la pobreza, sin embargo, aunado a todo ello, el tema de la corrupción no queda como un tema menor, pues se coloca en el sexto lugar.

De acuerdo con el estudio presentado por el Instituto Mexicano para la Competitividad respecto a la percepción sobre frecuencia de corrupción en los estados, Michoacán ocupó el tercer sitio a nivel nacional en cuanto a la percepción de la incidencia de corrupción en su aparato gubernamental, señaló.

Por ello, Ávila González propuso un punto de acuerdo para adecuar la Constitución y una docena de códigos y leyes secundarias para lo cual es necesario crear un grupo plural que coadyuve en el estudio análisis, elaboración y formulación del proceso legislativo para la instauración del nuevo sistema anticorrupción, el cual fue turnado a la Junta de Coordinación Política.