Y, sin embargo, ahí están

¿Cuál es el nivel de incidencia del crimen organizado en las actividades económicas del país? No hay una respuesta precisa. Pero no existen dudas de que están ahí. La revisión de una semana de notas periodísticas relacionadas con esta temática aporta crónicas cotidianas con hechos, lugares y tragedias.

¿De qué tamaño es la presencia del crimen organizado en la actividad aguacatera de Michoacán? Tampoco existe una respuesta precisa. Sin embargo, cualquier ciudadano relacionado medianamente con esta actividad nunca dudaría en afirmar que están ahí y que son un factor decisivo en la operación de la cadena productiva y que su injerencia es muy importante para fijar los precios de este fruto.

Incluso su intervención va más allá. El crimen organizado participa de manera directa como dinamizador del cambio de uso de suelo para instalar — al margen de la ley por supuesto—, huertos aguacateros. Estimaciones oficiales reconocen que anualmente Michoacán pierde entre 1200 y 1500 hectáreas de bosque para cultivarse de aguacate. Y como esta actividad requiere de altos niveles de protección e impunidad para que pueda realizarse, ya imaginará usted quien promueve, apadrina y protege el grueso de esta actividad: acertó, el crimen organizado.

No es recomendable, desde luego, pero cualquier ciudadano que quisiera verificarlo podría internarse en las zonas en donde está en proceso la deforestación ilegal y el cambio de uso de suelo. Encontrará huertas y talas protegidas por el crimen organizado. Observará que es normal la presencia de grupos armados patrullando caminos y huertas. Podrá incluso, si es observador, encontrar por los caminos camiones cargados con rollo de madera escoltados por estos grupos.

La relación del crimen organizado con el valor de la producción aguacatera está a la vista de todos. Tan está a la vista de todos que una parte del precio que pagamos por un aguacate, alrededor del 10%, va a parar a las arcas de los grupos criminales. El precio del aguacate como el del limón están compuestos por el pago por protección y extorsión a los delincuentes.

Que ese cáncer ha puesto en riesgo las exportaciones del fruto quedó evidenciado en febrero de este año cuando el gobierno de Estados Unidos cerró por un breve período la frontera al aguacate haciéndose pública la razón de ello: la intervención del crimen organizado amenazando a un inspector estadounidense.

Tampoco es desconocido que en la franja aguacatera se libra una guerra entre grupos criminales por el control territorial de las plantaciones.  Guerra que genera una ola constante de violencia que lo mismo hace víctimas a dueños de huertas, comercializadores, transportistas que a trabajadores. No en vano el propio gobierno de Michoacán ha buscado respaldar los traslados de convoyes aguacateros protegiéndolos del robo o de atentados.

Es una ola de violencia que no es nueva ¿quién no recuerda el terror que también en su momento impusieron grupos criminales como la familia michoacana o los templarios?  En la década pasada, de acuerdo con datos oficiales, estos grupos no solo extorsionaron incluso fueron por la propiedad de las plantaciones imponiéndole a varios notarios, bajo amenaza de muerte, la tarea de trasladar los dominios de propiedad a los prestanombres de los capos.

Los criminales han estado ahí y siguen ahí porque el negocio de los aguacates es rentable más que otras actividades que tradicionalmente han realizado y porque el Estado ha fallado. El control del negocio, desde la tala ilegal y la venta de las maderas, pasando por el cambio de uso de suelo, la producción y la comercialización, es su propósito. Pero en ese ejercicio la ruta se ha atascado de sangre, muertos y dolor humano. Esa es una realidad que está a la vista y que toca la sensibilidad humana de los michoacanos.

Que desde el gobierno se niegue esta realidad resulta preocupante. Si con negar el fenómeno esta realidad ominosa desapareciera que bueno fuera. La verdad es que eso no es posible, la negación de los hechos, en cambio si manda un mensaje de impunidad a los criminales. Es decir, si el gobierno no los ve quiere decir que tampoco hará nada para hacer valer el Estado de Derecho.

Sin embargo, siguen ahí y por lo visto seguirán ahí, y son la causa de muerte y extorsión en la franja aguacatera y son el principal ariete para derribar bosques y hacer cambio de uso de suelo.