Tras bambalinas

¡Saliiiinas viiiive, el INE NO sigue!

Por mucho que se quiera cerrar los ojos o mirar para otro lado, lo que está ocurriendo en México es sumamente preocupante. La desaparición del InfoCDMX y del INAI perfilan claramente el tipo de régimen que tendremos, si Morena obtiene la mayoría absoluta en el 2027.

La preocupación crece cuando vemos que ya es una decisión oficial desaparecer los llamados OPLES, que no son otra cosa que los Organismos Electorales de los Estados. Con esta medida, se regresa a 1988, cuando el PRI controlaba las elecciones del país y cometió el fraude más escandaloso de la historia.

Curiosamente, como en la época de Salinas y Bartlett, será desde el centro del país, donde se decidan los procesos electorales, a través de un INE que, por quien lo preside, no inspira ni la más mínima confianza. Guadalupe Tadei es muestra fehaciente de lo que el nepotismo y el parentesco pueden hacer.

Pero, según parece, la “izquierda mexicana” no aprendió la lección. Con un criterio de absoluta mezquindad, Sheinbaum Pardo declaró que los OPLEs deben desaparecer, porque “duplican funciones y no se requiere tanta burocracia para realizar las elecciones”. Quizá, ahora pretenden que el Narco vigile todo el territorio.  

Es evidente la protección que se ha dado, desde lo más alto del poder, a toda una estructura delictiva, con vínculos de funcionarios de primer nivel, como es el caso de Tonatiuh Márquez, pseudo “zar anticorrupción” de Aduanas, acusado desde julio en EE.UU. por huachicol fiscal.

Quien lo puso en el cargo fue Rafael Marín Mollinedo, titular de Aduanas, primo de “Nico”, ex chofer de Andrés Manuel López Obrador. Pasaron más de 5 meses para que fuera despedido, lo que ocurrió el pasado lunes 15 de diciembre. Se suma a los casos de La Barredora y la CATEM.

La pregunta de fondo es, porqué Marín Mollinedo sigue como director de Aduanas. El tamaño de su riqueza es inexplicable. Según información no desmentida, posee 10 propiedades en Cancún, entre ellas un departamento de lujo. De todas, escondió 5 de su declaración patrimonial.

En el 2022, ocupaba el mismo cargo en Aduanas, cuando ya se gestaba el fenómeno de la red de huachicol fiscal, encabezada por los sobrinos del ex secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán. Fue colocado nuevamente ahí, en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Sobre él, no hay carpeta alguna.

A esto, hay que añadir el caso de Raúl Rocha Cantú, a quien se ha reabierto la orden de aprehensión por estar implicado en dos transacciones de huachicol fiscal, pero desde Guatemala. Este sujeto, como ya sabemos, se movía en los altos círculos políticos, financieros y de espectáculos del país.

Socio de la marca “Miss Universo”, que concluyó su último certamen con la coronación de una mexicana, tabasqueña, hoy está muy cerca de pisar la cárcel, lo que pondrá en la picota a muchos miembros no sólo del actual régimen, sino del pasado reciente.  

El asunto es que una empresa de este hombre, denominada Servicios Especializados de Investigación y Custodia (SEICSA), recibió de la propia FGR, en tiempos de Alejandro Gertz Manero, contratos por 300 millones de pesos, por la custodia de sus edificios en toda la república.

Pero no sólo recibió contratos de la FGR. Trabajó también para la CFE, IMSS, SAT, Aduanas. Dicha empresa está señalada como parte de una red criminal dedicada también al tráfico de armas. Lo más grave es que estas armas entraban con licencia, matriculadas, y fueron a parar a bandas del crimen organizado.

SEICSA “cuidaba” aduanas en Tijuana, Nogales y Guaymas, puntos por donde pasaba el huachicol. Todo esto fue dado a conocer por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que dirige María Amparo Cazar, a la que ahora quieren encarcelar por un hecho de hace 20 años.

El escándalo escala porque surge también el nombre de Jorge Enrique Alberts Ponce, empresario vinculado al desfalco multimillonario de Segalmex, buscado por la Fiscalía General de la República, por su presunta participación en la red de huachicol y tráfico de armas de Raúl Rocha Cantú.

La orden de aprehensión contra Alberts Ponce, fue librada el 15 de septiembre de este año. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó copia de la misma y reveló además que desde marzo de 2022, Segalmex otorgó cuatro contratos que lo beneficiaron.

Tan sólo esta investigación, sin incluir el tema de La Barredora, llega a muy altos círculos del poder dentro de Morena, de la Fiscalía en la CDMX y en la Cámara de Diputados. Alfiles dentro del aparato judicial que filtran información, como la fiscal Mari Carmen Ramírez Rodríguez, indiciada como informante de Rocha Cantú.

Hay que añadir también, el escándalo de la Casa de Bolsa Vector, de Alfonso Romo, ex asesor económico de AMLO, a la cual ya se le retiró el permiso para operar. En junio de 2025, el Departamento del Tesoro de EUA la señaló por presunto lavado de dinero, vinculado al tráfico de fentanilo.

En contraparte, la persecución a periodistas es ya más que evidente. Ésta es más obvia en Campeche, Veracruz y Puebla, donde son amenazados por el mismísimo aparato judicial que ha quedado tras la Reforma del Acordeón, con acusaciones tan baladíes como “delitos de odio”, o por pagar en efectivo a su propio abogado.

O el caso de Raúl Meza, detenido en Michoacán, durante las protestas del 3 de noviembre, ahora en prisión preventiva, acusado de “sabotaje”. Un muchacho de 27 años, de la Generación Z que, según las promesas de Morena, debiera recibir beca y apoyo federal para “ir a las causas” de los problemas, no a la cárcel.

Sin embargo, el juez del “acordeón” electoral, Gerardo Nava Mejía, lo vinculó a proceso y ordenó mantenerlo en prisión, sin sentencia, por ser “NINI”, porque no estudia y es desempleado. Sus gritos contra Bedolla, fue lo que el juez calificó como sabotaje. Le quiere dar 20 años de cárcel.

La irritación en Morelia se desató tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Es un preso político, La agitación social crece, junto con la impotencia que generan partidos de oposición incapaces. Al no haber salidas para el descontento social, el estallido está a la orden del día.

Amnistía Internacional advirtió hace unos días, que en México existe un “patrón de represión y estigmatización de la protesta social” por parte de autoridades, orientado a deslegitimar las causas que la motivan. El régimen 4Teísta se endurece y prepara el escenario para “lo que sea necesario” en el 2027.

La represión de protestas sociales, señala Amnistía Internacional, se ha observado este año en Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán.

Según el analista político Kike Mireles, México vive actualmente una crisis de carácter mundial en materia de desaparecidos. Durante los últimos 7 años de Morena en el poder, han desaparecido más de 78 mil personas, más del doble de las desapariciones de la última dictadura argentina.

Actualmente en México, hay más de 130 mil personas desaparecidas, 16% más de las registradas durante toda la guerra civil española. Es un escándalo. Tan sólo en Jalisco, muy cerca del estadio Akron, donde se desarrollarán partidos del mundial de futbol, madres buscadoras acaban de encontrar 456 bolsas con restos humanos.

México no es una democracia. Es, si queremos ser condescendientes, un Estado fallido. Cómo creer en una clase política que se da aguinaldos de entre 304 mil y 385 mil pesos, como es el caso de diputados y senadores, que además se roban el presupuesto de “gestión social”, que se les asigna, que ronda otros 300 mil pesos.

Por si no fuera suficiente, todavía les tenemos que pagar a todos ellos casi 100 millones de sus casetas de peaje, como si no fuera suficiente la “dieta” que se dan. No se puede presumir “autoridad moral” cuando prevalece este volumen de desvíos, corruptelas y mafias que se protegen. Morena no ha sido diferente.

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