El estado de Derecho, el cumplimiento de las reglas dadas a través de las leyes son el único camino para preservar la convivencia en toda comunidad. A fin de cuentas, no son leyes arbitrarias sino las que los ciudadanos han decidido tener y aprobar a través de sus representantes diputados. La importancia de su acatamiento no es tan lejana a lo que ocurre en un juego, mientras se respetan las reglas el juego puede continuar, si no gustan pueden cambiarse de común acuerdo, pero si se rompen el juego se acaba.

Las normas son un factor esencial en el desarrollo y equilibrio de las sociedades modernas. Entre sus objetivos más importantes está la gobernabilidad, la estabilidad política y la paz social, pero no son un fin en sí mismo sino sólo una herramienta para que los ciudadanos tengamos bienestar, lo que incluye seguridad, justicia, movilidad social, salud y educación.

La impunidad y la omisión generalizada de las leyes da lugar a la inequidad y a la desconfianza, genera inseguridad, violencia y anarquía. No cumplir con normas significa que cada cual hace lo que le plazca y que no se tienen mecanismos para resolver los diferendos entre las personas ni entre los grupos sociales.

El Estado de Derecho garantiza esencialmente la igualdad de las personas en una sociedad y todos pueden buscar y encontrar una protección igualitaria cuando sus derechos son violados.

Los derechos van mucho más allá de una presunción de inocencia, pasan por la cotidianeidad y es quizá en ese nivel en el que se gesta la cultura de la legalidad, es decir, el reconocimiento y la conciencia personal de que cumplir con las leyes es sensato, que el apego a las normas contribuye al bien común, es un mecanismo de autorregulación que promueve el respeto no sólo a las leyes sino a los valores morales y a las tradiciones. La cultura de la legalidad es una creencia compartida que la importancia de la responsabilidad individual en la sociedad.

Cuando el individuo en lo personal no valora las leyes y las normas que comparte con sus conciudadanos, las deja de respetar, las viola y produce inestabilidad social.

Es imposible que no existan delincuentes en una sociedad, siempre habrá quien viole la ley por muy diversas razones, por lo que las leyes deben acompañarse de por lo menos tres elementos para fortalecer su complimiento con el menor disturbio social posible, evitando la violencia y los daños a terceros y garantizando la presunción de inocencia.

El primer filtro contra la ilegalidad debe ser el propio individuo quién debe estar convencido de la importancia de cumplir con las leyes, se trata de que pondere a la ley como un valor social y que pondere moralmente su cumplimiento.

En segundo lugar, debe de existir un sistema de prevención del delito en todas sus formas acompañado de mecanismos de disuasión, por ejemplo, el uso de cámaras en las vías más transitadas y la publicidad de su uso en el cumplimiento de las normas inhibe las infracciones al reglamento de tránsito. Quizá el mecanismo más eficiente para disuadir al potencial delincuente es que no exista impunidad.

Y en tercer término las leyes deben estar acompañadas de los mecanismos a seguir en caso de su incumplimiento, debe ser mecanismos comprensibles, realistas y expeditos. Una ley que no está acompañada de estos mecanismos sencillamente no se cumple. Un ejemplo es la obligatoriedad de la educación básica, es un muy buen deseo pero que no se cumple y no observa mecanismos de coerción a los padres o tutores para su cumplimiento.

Tanto en la historia como en la actualidad, el sistema que se observa con menos imperfecciones es el republicano, el sistema democrático, con equilibrio en los poderes y un Estado que goce de reconocimiento, firmeza, continuidad y capacidad de gobernar en favor de toda la comunidad, pero que a la vez limite su poder y lo equilibre. La democracia se ha convertido en un elemento esencial para una gobernabilidad sustentable y para el bienestar social.

Sin embargo, el equilibrio que permite la gobernabilidad y el desarrollo es justamente un Estado de Derecho fuerte, en el que sea el gobierno quien ponga el ejemplo de la cultura de la legalidad. La impunidad a cualquier escala es un cáncer que deteriora irremediablemente a la sociedad, promueve la corrupción, genera desconfianza y deteriora la identidad.

Todos los mexicanos merecemos bienestar y todos podemos contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho, sin él, la Nación se nos escapa.