Libros de ayer y hoy
El caso del Gral. Cienfuegos, un asunto de Estado y seguridad nacional
El pasmo que causó el arresto el pasado 16 de octubre del general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional del gobierno de Peña Nieto en 2012-2018, ha dado paso a la indignación por el paquete de pruebas y ya se convirtió en un asunto de Estado y de seguridad nacional para México.
El paso que dio el Senado de la república el 6 de noviembre, tres días después de las elecciones presidenciales en los EE. UU., al exigirle el embajador Landau datos sobre el caso fue el primer avance para situar la lectura del caso en un enfoque de relaciones bilaterales: el general Cienfuegos está en activo, forma parte de un grupo de asesores del actual secretario de la Defensa y por su cargo posee información delicada de seguridad nacional de México.
Pero lo más grave es que la acusación podría caerse por la fragilidad de los cargos, la forma ilegal de acopio de pruebas y sobre todo la interpretación de algunos indicios. La banda del H-2 es muy menor, no trafica tanta droga como dice la DEA, su espacio de operación no aporta los millones de dólares que dicen y la DEA violó las leyes mexicanas para obtener indicios. Y al final, la identificación del general Zepeda como el supuesto Padrino de la banda del H-2 fue más de una mala película de espías, cuando menos como lo narró con seriedad el The new York Times en un reporte especial.
Aunque los lectores con seguridad saben del contenido de la carta del Senado al embajador estadunidense Landau, su lectura íntegra aporta datos para un repaso estratégico:
Sin juicios de valor, las fuerzas políticas del Senado, un organismo que tiene participación en la política exterior mexicana, tocaron los nervios sensibles del caso, sobre todo por el papel agresivo, ilegal y violatorio de leyes mexicanas de la agencia antidrogas de los EE. UU., la famosa DEA, sin cuyo concurso el tráfico de drogas no existiría.
El general Cienfuegos ha recibido el apoyo de instituciones, personas y medios por la calidad moral de su comportamiento y todos han dudado de que hubiera podido proteger a una banda delictiva de poco nivel mientras combatía, al frente de las fuerzas armadas, a los grandes cárteles mexicanos que ya están instalados dentro de los EE. UU. por la complicidad y la corrupción de autoridades estadunidenses.
Por el nivel del general Cienfuegos, las acusaciones en su contra debieron ser más serias, más profesionales y sobre todo más contundentes. Pero el expediente se basa en el gelatinoso concepto judicial estadunidense de conspiración, en el que cabe todo.
La importancia de la carta del Senado radica en el frente común de todas las fuerzas políticas mexicanas, la urgencia de que México regrese al general Cienfuegos y la necesidad de replantear los acuerdos bilaterales para la operación clandestina, ilegal y activa de las agencias de seguridad nacional y espionaje de los EE. UU. más allá de los limites fijados por los propios acuerdos.
Pero lo más grave es que un jefe del ejército mexicano arrestado en los EE. UU. por una agencia menor, con cargos no claros y con violaciones a la ley representa una crisis de seguridad nacional de México y un conflicto diplomático entre las dos naciones.
Zona Zero
· A pesar de las irregularidades en sus operaciones en México, la DEA sigue desarrollando operativos en México sin cumplir con los limitantes de las leyes. Nada mal estaría que hasta aclarar el caso del general Cienfuegos el gobierno mexicano congele las operaciones de la DEA en México, sobre todo si siguen interceptando teléfonos sin órdenes de jueces.
· Hasta donde se tienen indicios, la nueva secretaria federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, se ajustará al modelo presidencial de construcción de la paz, aunque le dará un sello propio. La funcionaria se ha destacado por su coherencia, su honradez y sobre todo su decisión de hacer cumplir las jerarquías. Hasta ahora, los primeros datos indican que tiene muy buena comunicación y reconocimiento de las fuerzas armadas que participan en labores de apoyo a la seguridad pública.
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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