¿Quién paga por el cambio climático?

¡Cada uno de nosotros! De eso no debe quedar duda.

Recién se ha dado a conocer que el gobierno de Michoacán ha firmado un decreto por contingencia ambiental. Las temperaturas extremas de los últimos meses y la escasez de lluvia han afectado las cosechas, los hatos ganaderos y reducido las probabilidades de acceso al agua de la población. Eso significa que el panorama previsto para los próximos meses no es para nada halagüeño.

A todos nos ha conmovido la tragedia en Guerrero, en Acapulco y decenas de pueblos más por la destrucción y muerte sembrada por un ciclón que llegó a categoría 5 en poquísimas horas, como no ocurría antes.

Las consecuencias del calentamiento global ya no sólo las notamos en el calor poco habitual que padecemos. Semejante transformación en el comportamiento del clima tiene un impacto creciente en los costos económicos para vivir y en la preservación de la vida misma. La crisis es ya inocultable.

En el año 2009 la Cepal (Comisión Económica para América Latina), reportaba en su informe que el costo del Cambio Climático ocuparía no menos del 1 % del PIB de toda América Latina para atender sus efectos.

En meses reciente otra institución de análisis, Moody’s Analytics, preveía que de no atenderse con oportunidad este problema, el costo para América Latina al final de este siglo, afectaría la quinta parte de su Producto Interno Bruto, lo que ocasionaría un profundo desequilibrio en el desarrollo de la región.

En el 2022 México dedicó una suma bastante modesta para atender la adaptación al cambio climático, tan solo 133,330 millones de pesos, apenas el 0.4 % del PIB, frente a una realidad que demanda una inversión mayor. De hecho, se considera que en América Latina deberá ahora invertirse hasta el 5 %.

Por su parte el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), en sus proyecciones sustenta que “los costos que enfrenta el mercado mexicano derivados del calentamiento global aumentarán hasta representar el 6.9% del PIB nacional en 2050” y se elevarán al 18.4 % para el 2100. El estudio del CIEP afirma que la vulnerabilidad climática de la población mexicana es tal que 1448 municipios, de los 2469 que existen en el país, “enfrentarán en el futuro condiciones de vulnerabilidad muy alta o alta”, tal es el caso de más de 14 millones de mexicanos que habitan las vastas zonas costeras del país.

La propia Secretaría de Hacienda reconoce que México necesita capital e inversiones por un equivalente al 8 % de su PIB de manera constante de aquí al 2030 para cumplir con los objetivos del Desarrollo Sostenible. Lo que está muy lejos del actual 0.4 %.

También el informe Stern (encargado por el Ministerio de Economía del Reino Unido) sobre la Economía del Cambio Climático, advierte que de no actuar ahora los costos y los riesgos totales equivaldrán a una pérdida anual de hasta el 5 % del PIB mundial y llega a la misma conclusión que el CIEP de que la estimación podría alcanzar hasta el 20 % o más para finales del presente siglo.

Por eso la pertinencia de la pregunta ¿quién paga por el Cambio Climático? Si alguien ha pensado que ese es un asunto que no le afecta y que puede seguir sus actividades ordinarias sin ocuparse de nada más debo decirle que está por completo equivocado.

Cada uno de nosotros ya lleva sobre sus espaldas el costo para atender el Cambio Climático, algo así como la deuda personal que tenemos que cubrir para subsistir en el planeta sin perecer en sus temperaturas y sequías extremas, o por la pérdida de zonas costeras que obligan a migraciones de martirio, o por la disminución de alimentos debido a la pérdida de cosechas y hatos ganaderos.

Es un costo que irá subiendo en la medida en que nuestros gobiernos no actúen y sigan sin invertir lo suficiente en acciones para mitigar y adaptar. Los efectos del Cambio Climático provocan ya un efecto paralizador creciente en la economía del mundo. Por ejemplo, las economías del G7 podrían mermar su crecimiento anual hasta en 8.7 %, según la Swiss Re Institute, que es proveedor mundial de reaseguros, seguros y otras formas de transferencia de riesgos.

La declaratoria de emergencia por sequía extrema en Michoacán, que deberá atender cuestiones inmediatas y elementales como el acceso universal al agua y a los alimentos, deberá con igual prontitud promover la sostenibilidad económica como acción estratégica para anticiparnos a un futuro catastrófico.

De poco servirá una declaración semejante si no se atiende como impostergable la tarea de atender los fenómenos locales con los cuales Michoacán contribuye al Cambio Climático tales como la deforestación y el cambio de uso de suelo, o eventos que empeoran la sequía y ponen en crisis el acceso universal al agua como su privatización en decenas de miles de hoyas en todo el estado.

Catástrofes como la sequía extrema y la ocasionada por el huracán Otis en Acapulco son una evidencia de las perturbaciones climáticas que la ciencia ya anticipaba y ante las cuales México debe estar preparado. Eso es lo que viene como horizonte regular si no actúan a fondo, desde ahora, gobierno y sociedad.

El costo por el Cambio Climático se factura para toda la sociedad, pero no se paga en la misma proporción. Los grupos sociales vulnerables ya están pagando más. Pagan más la carencia de agua, pagan más por su salud, pagan más por acceder a los alimentos y pagan más por su propia adaptación climática. Los otros obtienen ganancias económicas con sus negocios, son dueños del agua y tienen vastos recursos para invertir en sus propios sistemas de mitigación.

Del referido decreto deberá derivarse, para que haya una perspectiva congruente, plena y eficaz, una política ambiental a largo plazo, con suficientes recursos, para proteger lo que aún nos queda, para recuperar lo más que se pueda, para mitigar lo necesario, para adaptación a lo evidente y para lograr la sostenibilidad imprescindible de todas las actividades económicas.