Protección a defensores de derechos humanos y periodistas

Se apertura el diálogo respecto de la propuesta de iniciativa de Ley general de prevención y protección a personas defensores de derechos humanos y periodistas, en dicho acto estuvieron presentes el titular del área del mecanismo de prevención y protección a personas defensores de derechos humanos y periodistas tanto de la Secretaría de Gobernación, como de la Secretaría de Gobierno de Michoacán.

El formato que se proyectó desde la Secretaria de Gobernación para el diálogo, y que permanecerá durante dos días que durara el evento, permitió que durante la primera sesión, se estableciera una escucha asertiva por parte de las autoridades, quienes durante más de cinco horas, escucharon, tanto a los participantes periodistas y  personas defensores de derechos humanos, de manera presencial como en forma digital en sus intervenciones.

Los que ahí estaban, y que se quedaron la mayoría del tiempo, son defensores o defensoras de derechos humanos (las personas que actúan pacíficamente, sin recurrir a la violencia, para promover y proteger la universalidad, e indivisibilidad de los derechos de pueblos e individuos, que denuncian y ponen en evidencia a quienes abusan de su posición de poder y autoridad) y periodistas. Cada uno de los participantes reflexionó sobre la temática, misma que abría encuentros y desencuentros, respecto de los mecanismos y las personas que los instrumentan.

En la participación del representante de la Fundación El Sol, expresó que, el diseño de política pública, la normatividad y las estructuras operativas que se generaron en su momento por la ley de 2012, obligan a replantear los mecanismos de atención en estos momentos cuando tenemos un contexto con un avance significativo de la corrupción y del crimen organizado, como nuevos formatos del modelo de acumulación de capital, que plantean crisis de la confianza en las instituciones por parte de personas defensoras y periodistas derivado de la presión de conservar la vida, en un constante miedo por la intimidación y las amenazas.

En este sentido y que para recuperar la confianza de las autoridades se requiere del diálogo y de impulsar acciones para los servidores públicos que actúan y que actuaran en la implementación del modelo de atención que se autorice en la propuesta de la Ley general que se esta construyendo. Hasta hoy, y de conformidad con los posicionamientos expresados por los participantes, se requiere de una mayor participación y agilidad de las autoridades al no dar respuesta inmediata a las necesidades de defensores de derechos humanos y periodistas, porque es la vida la que esta en juego en estos procesos de amenaza.

Por ello, la importancia de que el nuevo instrumento jurídico a construir, defina la ética política, es decir, como eje fundamental la vida, la prevención y la protección de la vida al centro, para quienes defienden los derechos humanos, así mismo para los periodistas.

Pero igualmente se requiere insistir en la profesionalización de los servidores públicos que se encarguen de la implementación de los mandatos de dicho instrumento jurídico, pero siempre con la observancia de mantener una permanente vocación de servicio para atender a quienes en el ejercicio de su función de defender derechos humanos o ejercer el periodismo su vida corra peligro. Reitero, se requiere de recuperar la confianza de las instituciones que perdió durante todos estos años de inseguridad la población.

Se requiere igualmente, la formación e información para la construcción del discurso público de los servidores públicos, adicionalmente para que atiendan puntualmente los código de ética de la Federación y los manuales de buenas prácticas, y desde luego, que sepan, como un requisito fundamental de los derechos humanos, libertades y de la dignidad humana que tienen tanto personas defensores como periodistas;  que incorporen en sus discurso a la igualdad y no discriminación, todos iguales tante la ley y ante las oportunidades; tomar decisiones con enfoque de perspectiva de género; avanzar en la interculturalidad; construcción de diálogo horizontal, complementario, en ecología de saberes, en alteridad, intersubjetivación, tolerancia y respeto a los planteamientos que presenten los beneficiarios de dicha norma general. En este mismo sentido el servidor público no puede dejarse corromper en ningún sentido, porque actuaria en contra de la vida de las personas defensoras y periodistas. 

Hoy, por hoy, tanto personas defensoras de derechos humanos que defienden el territorio, como otros asuntos que se oponen a las estructuras delincuenciales, como el cambio de uso de suelo, ponen en peligro la vida de éstos, como el informar de dichos actos, generan condiciones de mucha inseguridad para los periodistas.

Reitero, se necesitan de servidores públicos, responsables, comprometidos, profesionalizados y con absoluta vocación de servicio, que les quede claro que juegan un papel crucial entre la persona defensora y el periodista, al estar su vida en riesgo.

Cada vez que muere una persona defensora de derechos humanos, o bien un periodista, muere también la sociedad, dejará de ser defendida e informada.