Descomplicado
Uno es el México del discurso presidencial, según el cual “vamos muy bien, ‘requetebien’”. El otro es el de la realidad de un país que, en carne propia, teme por su integridad, la incesante restricción de sus libertades y que padece a diario del creciente costo de la vida. La primera versión es la que se muestra en la falaz narrativa oficial y es la eterna historia de los informes presidenciales anuales, donde todos los gobernantes buscan exhibir su mejor cara.
La actual presidenta tiene razón al decir que no son iguales a “los de antes”, porque son peores. Hoy no estamos mejor que antes en cuanto a combate a la corrupción, principal bandera de Morena y de López Obrador en 2018 para ganar las elecciones, bandera vuelta a tomar por Sheinbaum para el gobierno del “segundo piso de la 4T”.
Lo cierto es que los escándalos de corrupción aparecen diariamente y superan en sus montos, con creces, a los del viejo régimen hegemónico o a los surgidos bajo los gobiernos del PAN. Ahora vamos desde los 30 mil millones en Segalmex (con su exdirector general, Ignacio Ovalle, libre, impune, perdonado por su amigo López Obrador), hasta los 600 mil millones de pesos, estimados por el propio gobierno, correspondientes al “huachicol fiscal”, sin olvidar las asignaciones directas de Pemex y otras dependencias a empresas recién creadas, propiedad de amigos de los hijos del expresidente.
De esa red de corrupción han participado altos funcionarios y agencias gubernamentales como Mario Delgado, el SAT, las aduanas y mandos nacionales de las fuerzas armadas, a quienes les han otorgado impunidad por anticipado, ya que todas las obras emblemáticas que les han encargado (como el AIFA, Tren Maya, Tren Interoceánico, etcétera) han sido declaradas “asuntos de seguridad nacional”, por lo cual no se puede proporcionar información pública sobre sus costos y manejos.
La opacidad y la impunidad son signos distintivos y esencia de este “régimen de la regeneración y renovación de la vida nacional”. Todas las mediciones internacionales nos reprueban en estos rubros.
La promesa de un servicio de salud “mejor que Dinamarca” fue un cuento engañabobos. El sistema de salud pública, aunque el informe presidencial diga lo contrario, es un desastre y va de mal en peor en su calidad, en medicamentos y en personal suficiente y bien pagado.
La educación pública ha ido en franco deterioro, tanto en calidad como en cobertura, según cifras oficiales. México está en los peores lugares de calificación y aprovechamiento escolar en lectura y matemáticas. De casi nada ha servido la red federal de universidades Rosario Castellanos o los nuevos libros de texto, por mencionar sólo dos elementos.
Tenemos un campo abandonado, con crecientes importaciones de granos (sin la soberanía alimentaria tan cacareada por el gobierno) y con un ganado infectado del gusano barrenador después de que suprimieran todos los programas para prevenir esta y otras plagas.
La economía está al borde del estancamiento, con crecimientos raquíticos a pesar de los rimbombantes y reiterados anuncios de multimillonarias inversiones que nunca llegan. Porque no hay confianza, certeza jurídica, ni seguridad pública que garantice a los empresarios la propiedad de sus bienes y el nivel de certeza necesario para sus inversiones.
Y si bien es cierto que ha disminuido el número de homicidios violentos -según las cifras oficiales-, a la par han aumentado alarmantemente las desapariciones, especialmente de niños y adolescentes, por lo que el movimiento de madres, padres y familiares de personas desaparecidas ha acrecentado sus reclamos y movilizaciones para ser atendidos por el gobierno federal y los gobiernos estatales. Aunado a ello, las ejecuciones múltiples y los atentados -ahora contra instalaciones policiales, como en Zacatecas- siguen presentándose y van al alza.
Y aunque es innegable la existencia de mayores áreas de cooperación con Estados Unidos para el combate al crimen organizado y la destrucción de narcolaboratorios (esos que López Obrador dijo que no había en México en aras de proteger a sus aliados del crimen), en sentido contrario, persiste la negativa para entregar a Rocha Moya, Inzunza y sus secuaces al Departamento de Justicia norteamericano.
A pesar del señalamiento por parte de los Estados Unidos de proteger a una red de narcopolíticos mexicanos, la señora Sheinbaum ha decidido hacer “oídos sordos” y, con ello, brindarles impunidad. La impunidad, pues -como lo ha reiterado Federico Berrueto- , está en la base de las decisiones de este régimen. Impunidad y complicidad para salvar al régimen mismo.
Terminó reconociendo el enorme valor que han tenido los programas sociales para disminuir la pobreza. Igualmente, el significado del alza en los salarios mínimos, sin dejar de advertir sobre el riesgo de que el costo de los mismos eleven el déficit fiscal y el endeudamiento, y que esos programas sean afectados. Veremos qué pasa en los inciertos meses venideros.
Esos son los dos Méxicos en el que nos desenvolvemos.




