Opinión/José Luis Camacho Acevedo

¿Una reforma energética contra la inversión privada y la posición ambientalista contra el cambio climático?

Nuevamente una propuesta de la 4T sobre reforma al mercado y la producción de energía ha suscitado una serie de controvertidas posiciones de inversionistas del sector y los grupos de ambientalistas.

Lo menos que se ha dicho es que es una enorme regresión.

En su momento también fue señalada como una regresión a los principios de la política nacionalista iniciada en los años cimeros del cardenismo la reforma energética en el sexenio peñista.

Peligrosa para la inversión y que aleja a México del concierto mundial de esfuerzos que buscan revertir los efectos negativos del cambio climático.

Así fue.es calificada la iniciativa preferente para modificar la Ley de la Industria Eléctrica que envió al Congreso el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se pretende establecer como obligación los límites a la generación de electricidad privada y la dominancia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo cual para algunos alejaría la inversión privada.

La iniciativa que contiene modificaciones a ocho artículos y cuatro transitorios de dicha ley, formaba parte del marco legal vigente al momento de la firma del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo cual evidentemente podría desencadenar controversias internacionales si se aprueba su modificación.

La ideología de la 4T esta impregnada en la exposición de motivos de la iniciativa, ya que se puede leer que se propone dar marcha atrás a los aspectos centrales de la reforma energética en materia eléctrica aprobada en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando “se otorgó plena cobertura legal a la política neoliberal o neoporfirista de privatización de las empresas públicas para despojar a los mexicanos de la riqueza petrolera y de la industria eléctrica nacional”.

Es decir, basado en argumentos nacionalistas el gobierno de López Obrador podría poner en riesgo inversiones millonarias en el país, privilegiando a la CFE en detrimento de las energías limpias, en contra de los esfuerzos mundiales para revertir el cambio climático.

Para el Consejo Coordinador Empresarial, la propuesta de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica del presidente López Obrador es una expropiación indirecta, que traduciría en un aumento del precio de todos los productos y servicios, y en un mayor costo fiscal por la necesidad de subsidiar a la CFE.

En este sentido, se abre un nuevo frente con el ámbito empresarial que se suma a la controversia por la ley para regular la subcontratación, pues para el grupo presidido por Carlos Salazar Lomelín, la iniciativa intenta impedir, “arbitrariamente”, la competencia en el sector eléctrico nacional, violando los derechos de libre concurrencia y la certeza jurídica.

Se trata de otra promesa rota hecha por el primer mandatario, ya que durante su campaña y después de su victoria en 2018, el tabasqueño se comprometió a no reformar el marco jurídico del sector energético durante los primeros tres años de su administración.

Finalmente, el periódico británico Financial Times puso la lupa en el aspecto de que la iniciativa podría generar tensiones entre México y Estados Unidos, pues los expertos consultados por el diario pronosticaron que se “desencadenaría demandas, incluso en virtud del tratado de libre comercio del T-MEC con Estados Unidos y Canadá”, así como que se contrapone con la agenda de Joe Biden de combate al Cambio Climático y a favor de las energías renovables.

Sin embargo y ante todas las advertencias antes expuestas, es altamente probable que la iniciativa sea aprobada por el Congreso, pues se trata de una ley secundaria y, por tanto, solo requiere de una mayoría absoluta, de 50% más un voto para pasar.

Se inicia una nueva etapa de controversias entre los diferentes sectores que están involucrados en la generación de energía y la defensa de la conservación de nuestro hábitat.

La gran pregunta sigue siendo: ¿Quiénes son los verdaderos asesores de AMLO en materia de energía?

EN TIEMPO REAL.

1.- La extradición del empresario Alonso Ancira de España a México para ser juzgado en nuestro país, sin duda que volverá a despertar suspicacias acerca de una aplicación selectiva de la Justicia en el gobierno de la 4T. Esperamos que la llegada de Ancira a México sea un ejemplo de justicia transparente alejada de cualquier tufillo de oportunismo político.

2.- En Michoacán se consolida la precandidatura de Carlos Herrera Tello como abanderado de la alianza PAN-PRI-PRD para alcanzar la gubernatura de esa entidad.

En las tierras tarascas no despega aún el proyecto de Morena encabezado por el alcalde de Morelia Raúl Morón quien se ha visto rebasado en preferencias por el senador Cristóbal Arias Solís quien sea el postulado al gobierno estatal por la organización de Pedro Haces y Gerardo Islas Maldonado.

3.- La excandidata presidencial Margarita Zavala, dirigente nacional de la organización México Libre y esposa del expresidente Calderón Hinojosa, se le asignó en el distrito electoral federal 10 de la Ciudad de México, que corresponde a la alcaldía Miguel Hidalgo representando al PAN.

Esta misma plaza que será disputada por Salomón Chertorivski, como candidato de Movimiento Ciudadano.

Acción Nacional aceptó no solo el registro de Margarita Zavala, también el del exgobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, y el del exsenador Roberto Gil. Los tres aparecerán en su lista de candidatos a diputados de mayoría relativa, es decir, tendrán que buscar el voto ciudadano.